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LA FISCALÍA SOLICITA PARA EL EXJEFE DE LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES Y PARA SU ESPOSA UN AÑO Y NUEVE MESES DE CÁRCEL

20 MARZO 2018 /

La Fiscalía de Cantabria solicita un año y nueve meses de cárcel para el exjefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Vicente Korta, que estafó cerca de 300.000 euros al consistorio mediante facturas falsas y con ayuda de su mujer, a quien se ha impuesto la misma pena de prisión.

Así se ha acordado esta mañana en el juicio que se ha celebrado contra ambos acusados en la Audiencia Provincial, en el que el Ayuntamiento de Castro Urdiales se ha retirado como acusación particular. Los dos procesados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. De esta forma, de los cinco años de cárcel que solicitaba inicialmente el Ministerio Público para ambos, la petición de pena se ha quedado en un año y nueve meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa agravada, además de una multa de 9 meses a razón de seis euros diaria.

Además, la Fiscalía solicita para Korta una pena de 5 meses de multa (seis euros diarios) y 9 meses de suspensión para empleo y cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas.

Para llegar a este acuerdo, se ha tenido en cuenta el atenuante cualificado de dilaciones indebidas, teniendo en cuenta que el auto de procedimiento abreviado se emitió en el año 2012 y la apertura de juicio oral fue en 2016.

En concepto de responsabilidad civil, ambos acusados indemnizarán al Ayuntamiento, que se ha retirado del procedimiento como acusación particular, según se determine en ejecución de sentencia y a la vista del resultado que arroje una pericial contable.

El abogado defensor ha solicitado que se suspenda la privación de libertad de los acusados y el fiscal lo ha aceptado, condicionándolo al abono de la correspondiente indemnización al Ayuntamiento.

La vista se había señalado anteriormente para los pasados 22 y 23 de enero, pero se suspendió al no haberse citado a los interventores para que comparecieran y declarasen. En concreto, se pospuso dos meses para poder citar como testigos a una interventora interina y al titular cuando ocurrió todo, Fernando Urruticoechea, y que hace casi un año obtuvo plaza en Torre Pacheco (Murcia).

El juicio ha quedado visto para sentencia.

Foto: web de El Diario Montañés

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