17 ABRIL 2015 /
“Procede desestimar la reclamación”. Es la escueta respuesta que el Consejo de Estado da a Urdicam Promociones S.L, empresa constructora que reclama al Ayuntamiento castreño 827.667 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos por no haber podido vender las viviendas del conocido como Edificio Boulevard (en la Unidad de Ejecución 1.34).
Esta cantidad tenía su base en una tasación inmobiliaria emitida en 2011 y 2013 respecto al valor de los inmuebles, que incluía tanto los supuestos daños derivados de dos operaciones de compraventa frustradas, como el lucro cesante, los intereses, los gastos de comunidad, los gastos notariales y los impuestos de bienes inmuebles.
Una promoción que, entre 2008 y 2013, se vio envuelta en una investigación judicial por presuntos casos de estafas, falsedad en documento público y delitos contra la ordenación del territorio, algunos de cuyos procesos penales siguen pendientes.
Según se relata en la resolución emitida por el Consejo de Estado con fecha del pasado 18 de marzo, que hoy publica El Mundo Cantabria, en el año 2011 –cuando estas causas fueron sobreseídas en la Audiencia Provincial, pero no en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, donde se seguía de oficio con el juicio oral– Urdicam trató de vender varios de los apartamentos, garajes y trasteros del edificio.
Cuando los contratos de compraventa privados iban a ser elevados a públicos, la Notaría solicitó al Ayuntamiento de Castro Urdiales información sobre la situación de dichos inmuebles, emitiendo la administración municipal una resolución en la que advertía que la unidad de ejecución sobre la que se asentaban estaba en proceso de juicio oral. Fruto de esta información, se frustraron las ventas.
Fue entonces cuando Urdicam instó al Ayuntamiento a retirar la citada información, a lo que el Consistorio accedió dos años después, en 2013; en ese momento, la promotora planteó la millonaria reclamación económica por responsabilidad patrimonial, al entender que había existido un «mal funcionamiento» de la administración municipal, al emitir en 2011 la información que había dado al traste con la posibilidad de comercializar las viviendas, garajes y trasteros de forma inmediata, no pudiendo Urdicam ni recuperar la inversión ni obtener los beneficios esperados.
Sin embargo, y como hace constar el Consejo de Estado, en 2011 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales comunicó al Ayuntamiento la apertura de juicio oral por posibles delitos de prevaricación administrativa y urbanística en relación a la unidad de ejecución 1.34, considerando por ello el Consejo de Estado que el Ayuntamiento actuó correctamente al emitir la nota informativa en la que se advertía a la Notaría de las trabas legales y circunstancias que pesaban sobre las viviendas que Urdicam pretendía vender.
En la imagen, el Edificio Boulevard durante la paralización de la obra ya finalizada.
