La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha emitido un comunicado en el que solicita la “derogación normativa de la entrada en vigor de la baliza V-16” en las carreteras españolas desde el 1 de enero y la “devolución del importe” de compra de ese dispositivo para que sea asumido por la Administración del Estado.
Tal y como ha detallado en Castro Punto Radio el abogado de la entidad, Enrique Solís, “lo que mal empieza, mal debe terminar”. Y es que, según la UCC, “los conductores, consumidores y usuarios en general, hemos acudido atónitos a los últimos movimientos disparatados acaecidos desde la Dirección General de Tráfico (DGT) a cuenta de la famosa y desgraciada implantación de la baliza V-16 de geolocalización, añadido su ‘teórico’ aviso de accidentes”.
Siendo España el único país de la Unión Europea en implantar este sistema, que “debe ser por lo ‘adelantado’ de nuestra tecnología viaria y ‘excelente’ mantenimiento de sus carreteras, van unidas las dudas más que razonables de su efectividad real. A todo ello hay que incidir en las cuestiones y preguntas que pueden caber en cuanto los reales intereses empresariales para implantar un sistema que puede estar condenado al fracaso antes de su inicio”.
La Unión de Consumidores cree que “una de las cuestiones que más ha indignado a la opinión pública son los vaivenes e incertidumbre creados en los conductores, acrecentados desde la DGT cuando indica que la sanción a imponer (80 euros) será ‘flexible’ durante las fiestas navideñas, siendo aún más sangrante la retirada de la homologación a cuatro modelos a dos días de su entrada en vigor, con lo cual la perplejidad ante esta medida aumenta hasta límites poco conocidos”.
Por ello, “y ante el cúmulo inaudito de circunstancias al respecto únicamente achacables a una deplorable gestión de la situación”, la UCC solicita:
- La derogación normativa del apartado V-16 del Anexo XII del Reglamento General de Vehículos compresible de dicha baliza.
- La suspensión de cualquier procedimiento administrativo de sanción a conductores relacionado con la baliza V-16.
- La devolución a los adquirentes de la baliza del importe de compra por cuenta de la Administración del Estado.
- La asunción de las correspondientes responsabilidades para quien competa, incluyendo la de la Administración por el mal funcionamiento del sistema si se demostrase finalmente la puesta en riesgo de los datos de los conductores.
