El juicio del ‘Caso La Loma’ quedaba hace unos días pospuesto hasta este jueves después de que el Ministerio Fiscal decidiera reformular su escrito de acusación y rebajar el número de acusados de 45 a tan sólo seis.
Según ha señalado en declaraciones a Castro Punto Radio Agapito Pastor, abogado, entre otros, de Rufino Díaz Helguera, “la clave ha sido la retirada de la acusación por parte de los vecinos afectados, que el Ayuntamiento está legalizando las posibles irregularidades administrativas que había y que se ha adjudicado el famoso deposito del monte Cueto. Con todo, la Fiscalía ha considerado que muchos de los hechos no tenían carácter de delito sino, en todo caso, podrían ser irregularidades administrativas y ha decidido retirar acusaciones”.
Ha señalado que “los vecinos estaban personados por el temor a que se pudiesen demoler sus viviendas. Ha quedado acreditado que casi todo es legalizable y no se va a proceder a ningún derribo, además de que los SUNP 4 y 7 no se han desarrollado y están tal y como estaban. No tenía sentido considerar que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, algo que siempre he defendido yo, que creo que se han podido cometer errores administrativos, pero no tanto como delitos. El proceso estaba demasiado inflado y ahora se está demostrando”.
Pese a eso, entiende este letrado que “la Fiscalía no puede retirar todas las acusaciones porque sería tanto como reconocer que la instrucción fue un desastre y, por tanto las mantiene sobre seis personas, que entiendo que son las cabezas de turco”.
Una de ellas es el exalcalde, Rufino Díaz Helguera, al que se acusa de cohecho. “Se le debería retirar también, pero hay que respetar la decisión de la Fiscalía y estamos a la espera de ver en qué se concreta esa modificación del escrito para valorar qué pruebas pedimos y reformular el calendario”. Y es que, “se le acusa de cohecho por, supuestamente, haber recibido dinero para realizar actos injustos que eran en el SUNP 3 y se cae la acusación en relación a este sector. Debería caer también su acusación”.
Pastor ha lamentado que “se ha sometido a la pena de banquillo a muchas personas injustamente. No se puede extender tanto el Derecho Penal como se ha hecho en Castro, cuando vemos que hay zonas de Cantabria en las que se están demoliendo viviendas y no hay nadie imputado. En Castro se ha seguido un código penal distinto que en el resto de la región, queriendo criminalizar toda la actividad política, no sé con qué finalidad. Hay personas que lo han estado sufriendo mucho tiempo e incluso otras que han muerto y no han podido ver restablecido su nombre. Alguien tendrá que explicarlo”.
Tras los últimos acontecimientos, este abogado no sabe lo que durará finalmente un juicio que se había marcado hasta el 30 de marzo. “Se ha citado a mucha gente (testigos, peritos…), que han establecido su vida en función de las citaciones. No sé si ahora se podrán adelantar o no. Igual hay personas que tenían que declarar el 15 de enero y tenían todo planificado para poder venir. Quizá ahora no lo pueden modificar, no lo sé. Al haber menos acusados y menos pruebas se debe reducir el juicio, pero no sé si se podrá hacer en extensión o sólo en sesiones”.
Por último y sobre la responsabilidad civil subsidiaria que se pedía al Ayuntamiento de unos 53 millones de euros, Pastor ha señalado que “esa responsabilidad era, por si había que demoler viviendas, indemnizar a los propietarios. Entiendo que si no hay derribos, no ha lugar a la indemnización, al menos en esas cantidades”.
