El concejal de Podemos, Alberto Martínez, ha estado en Castro Punto Radio para ampliar detalles de las denuncias que la formación hizo en dos notas de prensa publicadas la última semana. En la primera Martínez mostraba su “profunda preocupación y malestar por el silencio administrativo y la falta de transparencia que rodea al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Brazomar”, aprobado en 2021 y adjudicado en 2024 a un redactor externo por casi 100.000 con un plazo de ejecución de dos años, que expiró en primavera.
En su segundo comunicado, Podemos quiso “poner el foco en el acceso a la vivienda de nuevo ante la pasividad de quienes pueden aportar soluciones mientras se echan las manos a la cabeza por casos como el de Maricarmen”.
Sobre el Plan Especial de Brazomar, Alberto Martínez ha afirmado que el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, debe convocar las comisiones de su área cada dos meses y la última fue en junio: “He preguntado puntualmente estos años en las comisiones, ahí están las actas. El último plazo de esa externalización que nos ha costado 100.000 euros es de febrero y no tenemos noticias desde entonces. Hay razones más que potentes para no saltarnos los plazos y estas reuniones son bimensuales”, ha insistido.
Martínez ha explicado sobre el Plan Especial que “tienes una planificación urbanística para una zona, y se suspendió, creo que con buen criterios, dar licencias para hacer obras ahí. Ahí estaba Ashland, Lolín… Era una zona industrial en los márgenes de la ría. Todas esas fábricas han sido absorbidas por la ciudad. Ashland se fue y queda allí un terreno, es un suelo industrial y por eso se hace esta modificación urbanística, para que tenga un uso acorde a las necesidades actuales de la ciudad”.
El edil ha señalado en este punto que “creo que todos tenemos en mente que las empresas, poco a poco, tienen que tener un destino más hacia Vallegón, incentivar eso y recuperar los márgenes de la ría como zonas verdes. También queremos saber si podría dar lugar a promociones de vivienda o un aparcamiento: son zonas inundables, pero si dejas libre los bajos y las haces en altura (como en el caso del Aldi), es compatible”.
Alberto Martínez ha incidido en que “se trata de recuperar una zona que era industrial, y es uno de los proyectos que hace falta tener claros. Se aprobó en 2021 y estamos en otoño de 2026 y no tenemos información al respecto, y ya vamos tarde. Pero mejor actuar reactivamente ante este tipo de denuncias que no actuar. Y que en estos meses de legislatura tengamos margen para estudiarlo y hablarlo”.
ACCESO A LA VIVIENDA
El portavoz de la formación morada ha destacado que “el mayor pecado es la cronicidad. No es algo que ha ocurrido ayer, viene de mucho tiempo atrás. El reparto de culpa es amplio. Mencionamos al Gobierno de España, pero somos un grupo municipal y el alcance que tenga lo que digamos no va a llegar a Moncloa, así que ponemos el foco en el Ayuntamiento, que es donde va a llegar, y en el Gobierno de Cantabria”.
“Hace unos años impulsamos la declaración de zona tensionada en Castro para que hubiera medidas acorde a lo que permite la Ley. El consejero salió diciendo casi que le daba la risa y que no se iba hacer nunca en Castro. La última promoción de vivienda asequible, de compra o alquiler, salió en 2008. Y el pelotazo inmobiliario de la Loma, que es una iniciativa privada, ni siquiera parte del Gobierno. Y no hay más medidas. Había un Plan de Movilización de vivienda vacía, aprobado en la pasada legislatura, que está en un cajón. En el País Vasco se hizo hace años y el Gobierno digamos que intermedia entre inquilinos, para darles alquileres asequibles, y los propietarios para darles seguridad: está olvidado”.
En este punto Martínez ha querido matizar que “cada vez que hablamos del tema de la vivienda, el Ayuntamiento nos dice la cantinela de que no tienen competencias, pero eso no quiere decir que no puedan hacer nada. Yo animo a cualquiera, ahora que está de moda ChatGPT, que le pregunte diez cosas que puede hacer un Ayuntamiento en materia de vivienda, y una es poner suelo a disposición de la administración competente. Hacen falta muchas medidas”, ha insistido, “no se va a solucionar con una o dos”.
El concejal también ha querido recordar que “la abogada que tuvisteis aquí la semana pasada afirmó de forma muy clara que no hay una normativa local para regular esta situación. Para mí es cristalino: no se ha intentado hacer esto. El problema de las viviendas turísticas lo lleva Castro Verde desde hace tres años. Estamos un poco quemados con este asunto porque nos chocamos contra un muro de pasividad en la administración local, regional y nacional. Pero nos toca reclamar desde lo más cercano, y la concejalía de Vivienda es de Eduardo Amor”
Se puede escuchar y descargar la entrevista completa en el siguiente enlace:
