10 OCTUBRE 2017 /
“El futuro parece fácil de predecir y esto, de alguna forma, precipita el final del Miramar”. Así se ha pronunciado el alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, después de que Costas publicara ayer en el Boletín Oficial del Estado el anuncio referente a la convocatoria para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de la demolición del inmueble.
En palabras del alcalde, “si se lleva a cabo el acto de ocupación y se procede al derribo, todo lo que hemos trabajado, estudiado y discutido a lo largo de mucho tiempo, habrá tenido el final que ninguno quería, pero que ha sido inevitable”.
En este punto, Díaz-Munío ha repasado las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, desde que CastroVerde está en el Gobierno, en el sentido de tratar de salvar el edificio.
Ha recordado cómo en julio de 2015, el PRC presentó una moción al Pleno, que fue aprobada, y en la que se instaba al Consistorio a realizar una modificación del Plan General para que la zona en la que se ubica el edificio tuviera un uso público y de utilidad pública. Para ello, “se tenía que saber qué usos tenía la zona previstos en el Plan General y a cuáles se iba a cambiar”. Entendiendo que es Costas quien marca esos usos, “les hicimos una consulta al respecto a la que respondieron que ellos no tenían un catálogo de usos y que propusiéramos nosotros uno para que después ellos dijeran si era compatible o no”. Finalmente, se consiguió que desde Costas ofrecieran una respuesta más concreta y “nos aclararon que la zona únicamente podía tener una ocupación para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no pudieran tener otra ubicación”. Es decir, “compatibles con el hecho de que esté al lado de la playa y nunca con fines hoteleros u habitacionales”.
Marcados esos límites, “empezamos a pensar posibles usos compatibles”. Tomando como referencia la situación del balneario de La Concha, en San Sebastián, “miramos esa posibilidad, contactando con los responsables de ese balneario, que nos dieron pistas que nos hicieron pensar que podía tener viabilidad económica”. En ese punto, “empezamos a pensar qué haría falta y estaríamos hablando de compensar a la familia propietario del Miramar, rehabilitar el edificio, habilitarlo como balneario y sacarlo a concurso para que una empresa se encargara de su gestión”. Con todo, “estaríamos hablando de 1,5 o dos millones de euros que el Ayuntamiento, por sí sólo, no iba a poder afrontar”.
Entonces se estudiaron otras posibilidades. “Surgió una propuesta del PSOE de destinarlo a centro de Formación Profesional en hostelería”. Como ha dicho el alcalde, “nosotros entendíamos que no era compatible, pero dimos la opción de que el Gobierno de Cantabria estudiara esa posibilidad y a ver si ellos eran capaces de convencer a Costas de que ése era un uso compatible. Dijeron que lo llevarían a un Consejo de Gobierno y no hemos recibido respuesta alguna, con lo que entendemos que no lo consiguieron”.
Además, “dado que el PRC había presentado la moción, entendíamos que tenían interés en mantener el edificio, pero no se ha plasmado en ninguna oferta concreta”.
Con todo, “el Ayuntamiento por sí solo no puede afrontar el gasto de mantenerlo en pie. No es un camino viable”. Así lo ha dicho el alcalde, que también ha recordado, cómo en su momento, “cuando estudiábamos el dinero que podríamos invertir, propusimos a Costas que, si se ahorraban los costes del derribo, nos podían compensar de alguna forma. Dijeron que no, que ellos no contemplan otros usos y que se planteaban el derribo para recuperar la playa”.
Díaz-Munío ha defendido que “el Ayuntamiento ha hecho todo lo que podía hacer para evitar la demolición”. Entiende que “es una pena que se derribe, pero las limitaciones de Costas hacen que el Consistorio solo no lo pueda afrontar. No se pueden gastar esas sumas de dinero para algo que no sabemos si va a tener rentabilidad”.
Sobre el momento en el que el edificio pueda estar derribado, el acalde ha asegurado que no conoce los plazos del proceso pero “su recorrido puede ser uno u otro en función de los procesos que se podrían abrir en caso de que los propietarios del edificio no estuvieran de acuerdo con la indemnización que ofrece Costas”.
Antes de finalizar, Díaz-Munío ha informado de que, ante el deterioro del Miramar y los riesgos de caída de cascotes, “antes del verano requerimos a Costas que hiciera algo para proteger la playa y no contestaron. El Ayuntamiento tomó medidas en este sentido y hasta ahí quedó el tema”.
