9 FEBRERO 2018 /
El alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, ha valorado esta mañana las cuatro sentencias recibidas y que son desfavorables para las juntas vecinales de Mioño, Ontón, Sámano y Otañes, que deberán devolver al Ayuntamiento el dinero recibido en su día a cambio de las infraestructuras del agua “por no haber justificado su uso adecuadamente”. Todas deberán reintegrar la totalidad de esas cantidades, salvo en el caso de Ontón que sólo debe hacerlo con una parte.
Según el alcalde, estas resoluciones judiciales “avalan el comportamiento del Ayuntamiento, aclaran responsabilidades, reconocen la deuda contraída y permiten afrontar el problema con todas las dudas despejadas”.
Unas dudas que tenían que ver con esclarecer “si la compensación por las infraestructuras del agua se había realizado correctamente en forma de subvención, o si era un acuerdo contractual en base al cual se pagaba un dinero por esas infraestructuras que, en principio, eran patrimonio de las juntas”. Ahora, los juzgados dicen que “recibieron la compensación y que esa subvención está sujeta a la Ley de Subvenciones”.
Como ha explicado Díaz-Munío, “también se aclara que la inversión del dinero recibido no ha sido justificada convenientemente y, de ahí, la devolución”. Cree el alcalde que, “en base a que los presidente de las juntas creían que no era una subvención sino un compensación monetaria, nunca afrontaron seriamente la justificación de un dinero que debía destinarse a unas inversiones concretas y al que no se dio el uso que venía determinado por la propia subvención”.
Además, las sentencias, “avalan la postura del Ayuntamiento en cuanto a la no concesión, a estas cuatro juntas, de la subvención municipal desde que comenzó este proceso”.
El alcalde ha dejado claro que, “ante las dudas, discusiones y reclamaciones”, fueron las propias juntas “las que decidieron llevar el asunto a la vía judicial, lo que ha retrasado el problema, con la consiguiente acumulación de intereses”, cuyo pago se suma al de la devolución de la subvención.
De esta forma, Sámano deberá ingresar 913.266 euros más 305.335 de intereses. Mioño, 584.492 euros más 197.948 de interés. En el caso de Ontón y Otañes, tienen que devolver 166.415 y 533.928 euros respectivamente, no estando aun cuantificadas en sus casos las cantidades en intereses.
Díaz-Munío ha calificado de “grave” el problema para las juntas, que “ahora son deudoras de unas cantidades grandes que el Ayuntamiento no tiene más remedio que reclamar porque hay sentencias”. CastroVerde está abierto a emprender negociaciones con los presidentes de juntas “para ver la forma en la que podrían satisfacer este pago y habrá que plantear condiciones de pago aplazado en función de las capacidades dinerarias y patrimoniales de cada una de ellas”. La intención es “afrontar la situación entre todos”.
No obstante, estas conversaciones están pendientes de saber si las juntas recurrirán las sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El alcalde ha lamentado “sinceramente” el haber llegado a esta situación, pero ha dejado claro que “no nos sentimos responsables”. En este sentido ha rechazado “las críticas que ha recibido el Ayuntamiento”, y que ha calificado de “injustas y desacertadas”.
Para terminar, ha aclarado que la devolución de este dinero por parte de las juntas no supone que el Consistorio deba devolver las infraestructuras del agua, “salvo que otro juez diga lo contrario”. El proceso de concesión de esas infraestructuras “ha sido correcto y está avalado por una subvención que se entregó correctamente”.
En cualquier caso, ha defendido que “esas infraestructuras están y seguirán estando al servicio de los ciudadanos, que son los propietarios realmente”.
