Según un reciente informe, en 2024 se certificaron únicamente 26 viviendas de obra nueva en Castro Urdiales, y en el conjunto de Cantabria 1.126, pero según los cálculos de los especialistas, harían falta decenas de miles en toda la región.
Un déficit claro cuyos motivos hemos analizado en Castro Punto Radio con Juan de Miguel, presidente del Grupo SIECSA, una de las principales constructoras de obra pública y privada en Cantabria y que ha trabajado y lo sigue haciendo de manera importante en nuestro municipio.
De Miguel hacía una cronología de la situación: “esto se originó en la crisis inmobiliaria y financiera de 2008, en la que hubo una paralización total, y desde ese momento, el sector ha estado bastante abandonado. En Cantabria se construían antes de la crisis entre 6.000 y 10.000 viviendas anuales, lo que supone que hay un déficit enorme con las 1.126 del año pasado, cuando la demanda va creciendo, ya que en nuestra región se crean unos 2.500 hogares todos los años”.
El presidente de SIEC analizaba los motivos del encarecimiento de la vivienda: “el sector empezó a resurgir en 2018-2019, pero en marzo de 2020 llegó la pandemia y todo se volvió a parar. Cuando se resolvió el problema sanitario surgió la crisis de las materias primas, ya que los materiales aumentaron de una manera estrepitosa y se volvió a paralizar el sector. El precio de las materias primas se ha quedado en la banda alta y ahora se viene a sumar la falta de mano de obra, un problema de difícil solución”.
“Antes de la crisis del 2008 trabajaban en el sector 33.000 personas, y actualmente está ocupado por 17.000, la mitad. Muchos trabajadores se han ido a sectores que han considerado más interesantes, desde el punto de vista social, con puestos de trabajos más cómodos”, apuntaba Juan de Miguel.
“En Cantabria hay 33.000 parados, pero no hay para cubrir los 4.500 que necesitamos en la construcción, esto es una paradoja difícil de explicar. No hay personal cualificado que no se resuelve de la noche a la mañana: hacen falta jóvenes con la formación profesional dual, traer inmigrantes que estén calificados, pero eso requiere una tramitación legal larga”.
Otra paradoja apuntada por el presidente de SIEC es que “en Cantabria hacen falta más de 50.000 viviendas, sin embargo, hay 50.000 vacías en la región. Habría que hacer algo para tratar de incentivar que esas viviendas vacías se mantengan en el mercado. Ahora acelerar la construcción de viviendas es difícil por la falta de trabajadores. Si tenemos más suelo disponible, más licencias y más planes generales aprobados va a resultar bastante difícil que aumentemos el número de viviendas, ya que no tenemos la capacidad para hacerlo”.
En lo que respecta al precio del suelo, “gran parte del territorio de Cantabria está calificado como suelo no urbanizable, por su valor natural, paisajístico, agrícola o medioambiental, lo que restringe las áreas disponibles para construir nuevas viviendas. Además, tenemos muchos municipios que no han adaptado los planes generales a la Ley del Suelo, con lo que hay más problemas para poner terreno en el mercado. Además, muchos propietarios retienen el suelo para que aumente su valor”.
Otros motivos para el encarecimiento de la vivienda son “las nuevas normativas de construcción (eficiencia energética, placas solares…), que inciden el coste final, ya que la inversión es mayor, y hay que pagarlo”.
El auge del alquiler vacacional, especialmente en las zonas costeras, “hay que regularlo”, señalaba De Miguel. “Estamos esperando que el Gobierno de Cantabria redacte una normativa especial, que ya han anunciado. Que estos negocios funcionen como la hostelería, pagando impuestos y generando empleo. Hay 7.000 viviendas turísticas en Cantabria, la mayor parte, ilegales”.
En términos de rentabilidad, “los promotores privados han dejado de invertir en algunos tipos de construcción, como las viviendas protegidas o las destinadas a los residentes permanentes, ya que gran parte de actividad se dedica a las segundas residencias”.
En cuanto a la legislación vigente, el responsable de la constructora SIEC recordaba como “la ley que aprobó el parlamento español en 2023 tuvo un efecto contrario a lo que se pretendía. En el momento en el que se intenta regular el mercado poniéndoles trabas a los propietarios, se produce el problema. Antes de esa ley había 1.000.000 de viviendas en alquiler y bajaron a 760.000, ya que no había seguridad para los propietarios, sobre todos para los pequeños ahorradores que tienen una o dos viviendas, que se han visto obligados a no alquilarlos por la falta de pago. Por ello, el precio ha ido subiendo ya que hay menos viviendas puestas en el mercado de alquiler. Hay que hacer algo para dar más seguridad jurídica mediante avales y todo tipo de garantías a los propietarios”.
Además, “hay un sector de la población que no va a poder acceder a la compra de vivienda, ya que el coste en material y mano de obra no va a bajar, y tampoco tienen acceso al crédito. Ahí deben intervenir las administraciones, para que esas personas puedan acceder al alquiler social”, indicaba Juan de Miguel.
SITUACIÓN CONCRETA DE CASTRO URDIALES
En Castro, “la situación se ve agravada por su posición geográfica: por un lado, mucha presión del País Vasco y por otro lado, una localización condicionada por la autovía y la costa, con lo que la posibilidad de más suelo disponible se tiene que trasladar a los municipios limítrofes, lo que será una buena salida con precios mas asequibles. En Castro, lo que queda para construir en suelo calificado como urbano esa bastante limitado y no se puede estirar”.
Las perspectivas para 2025 no son mejores: “la burocracia para desarrollar una promoción inmobiliaria es enorme, en un ayuntamiento presentas un proyecto y en 2-3 años no tienes licencia, con lo que acabas una promoción en 4-5 años. Una burocracia que redunda en sobrecostes, con tasas de todo tipo, locales y regionales. Hay impuestos que gravan mucho la vivienda, incluso la protegida, que en este caso deberían hasta desaparecer para mejorar los precios finales de compra y alquiler. Esto va en contra de resolver el problema de la vivienda. Sería buena resolverlo para este año 2025”, concluía Juan de Miguel.
En el siguiente enlace se puede escuchar o descargar la entrevista:
