El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Castro Urdiales correspondiente al mes de marzo, celebrado este 8 de abril debido a la Semana Santa, y con la presencia de bastante más púbico de lo habitual, ha aprobado la Modificación de la Ordenanza Fiscal 7.11 reguladora del Estacionamiento en determinadas vías públicas (OCA) con los votos a favor del PSOE, Castro Verde y Ciudadanos; Podemos y el PRC se han abstenido y Vox y el PP han votado en contra.
Previamente, el pleno también ratificó el Convenio entre la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos. En este caso, el punto fue aprobado por unanimidad.
Por su parte, el punto seis, correspondiente a la Modificación Presupuestaria 3/2026 de Suplementos de crédito para mayores gastos de los previstos en el presupuesto prorrogado y devolución de la nominatividad a las subvenciones previstas en las bases de ejecución, también era aprobado con los votos de PSOE y Castro Verde. El PRC se ha votado en contra y PP, Vox, Ciudadanos y Podemos se han abstenido.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA OCA
El punto de la Modificación de la Ordenanza Fiscal 7.11 reguladora del Estacionamiento (OCA) lo exponía la concejala del área, Alba Muro, quien ha explicado que “planteamos la ampliación de la OCA en varias calles que tendrán zona azul, así como en algunas áreas de las juntas vecinales de Oriñón, Islares y Mioño”. Muro ha señalado que “no tiene un afán recaudatorio, sino voluntad de actualizar las cuotas. La tarjeta anual se incrementa de 23 a 27 euros para garantizar la sostenibilidad del servicio, acreditado por informes técnicos y económicos”.
Por su parte, Cristian Antuñano, el portavoz del PP, arrancaba su turno preguntándose para qué sirven las comisiones informativas: “Son un trámite para que, en este caso, el PSOE apruebe el dictamen en la comisión y después en el pleno. Nos dan el texto y escuchamos, pero ustedes no escuchan nuestras proposiciones”. Asimismo, ha expresado que “presentamos varias propuestas realistas y razonables, entre las que estaba un tiempo de cortesía en el estacionamiento, como en la mayoría de las ciudades, de 10 o 15 minutos, pero aquí se paga la tarifa desde el primer momento”. Antuñano también ha añadido que “también se debía de haber incluido una dotación real en nuestras playas limitando el aparcamiento a horas. Al final, van a recaudar más, pero no van a solucionar el problema”.
El concejal de Castro Verde, Eduardo Amor, ha destacado que “la ordenanza fiscal de la OCA no se modifica desde 2021, cuando ni siquiera se cambió el precio, que es el mismo que desde 2017, y lo subiremos un 17.4%, menos del 19.6% del IPC”. Amor también ha querido replicar al portavoz popular diciéndole que “aunque dices que hay que trabajar a largo plazo, tu propuesta la has hecho la semana pasada, cuando el pliego está aprobado desde el mes pasado. Si querías hacer aportaciones, has tenido tiempo, casi un año”.
Por su parte, Carla Urabayen, del PRC, reconocía la necesidad de actualizar las tasas, pero matizaba que “no es oportuno: el coste de vida ha subido y creemos que la administración debe hacer un esfuerzo para descargar a los ciudadanos. Ahora no toca, y hay que tener sensibilidad con los vecinos”.
José Mari Liendo, de Ciudadanos, recordaba que la OCA “es uno de los pocos servicios por los que el Ayuntamiento recibe algún dinero, y el único que vela por el empadronado. Creo que el debate es estéril, porque el precio lleva congelado desde 2017 y que todo sea gratis no funciona; aunque tal vez se debía de haber tenido más en cuenta a las juntas vecinales”. Alberto Martínez, de Podemos, coincidía que “aunque es impopular, la aprobación de la subida de las tasas es razonable”.
Agustín Fernández, de Vox, ha querido recordar en su intervención que “la OCA se implementó hace años por el caos del tráfico y del aparcamiento, y ahora estamos en la elevación, lo que evidencia un afán recaudatorio. La propia alcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento gana dinero con la OCA: no se pueden bajar los impuestos ni congelarlos, siempre hay que subirlos”.
Durante el segundo turno, Alba Muro le replicaba a Cristian Antuñano que “te dijimos que las propuestas que hiciste eran buenas, pero que llegaban muy tarde”. El portavoz popular respondía que “nosotros debatimos las tarifas cuando ustedes las traen, pero siempre optan por tirar nuestras propuestas a la basura”. Eduardo Amor aprovechaba su turno para recordarle a Antuñano que “en el anexo de los pliegos que votaste a favor venían ya las cuotas”, y le recordaba a Agustín Fernández que “en 2001 la cuota de la OCA era de 30 euros y ahora la hemos subido a 27, 26 años después, ¿qué te parece?”
Carla Urabayen aprovechaba su segundo turno para apoyar una de las críticas de Vox: “En las comisiones informativas no nos dejan preguntar prácticamente nada, siempre nos responden con un ‘esto no toca’”.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y EL AYUNTAMIENTO PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
El pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales también aprobó, en este caso por unanimidad, el Convenio entre la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Castro Urdiales para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos. Exponía el punto la concejala del área, Virginia Losada, de Castro Verde, y recordaba que “la implementación del quinto contenedor marrón, de residuos, se producirá seguramente a finales de verano”, y añadía que el beneficio es la propia gestión de los residuos y la posibilidad de acogerse a subvenciones”.
Cristian Antuñano ha señalado que “este servicio se ha estado ofreciendo sin un contrato en vigor. Hay que pensar en Castro Urdiales y si en los servicios que da el Ayuntamiento están a la altura de los impuestos que pagan los ciudadanos. Todos vemos muebles, colchones y enseres que provocan mal olor y dan mala imagen”. Urabayen coincidía en criticar la ausencia de contrato y añadía que “el contenedor marrón es obligatorio desde 2022 en municipios de más de 5.000 habitantes. La responsabilidad del Gobierno de Cantabria no puede servir como excusa permanente”.
José Mari Liendo ha querido destacar en este punto que “en Castro Urdiales se presta un servicio mejor que en municipios de nuestro entorno”, y añadía que “la mejor campaña de concienciación es que te toquen el bolsillo”. “Llevamos mucho retraso en Cantabria, pero no podemos implementar el contenedor marrón si no tenemos dónde llevarlo: el Ayuntamiento no es responsable del funcionamiento de la empresa pública MARE: no puede ser que se diga que la culpa de llevar toda la mierda a Meruelo sea del Ayuntamiento”.
En este punto, Alberto Martínez, de Podemos, ha dicho que “me rechinan los dientes cuando se habla de MARE: creo que es una empresa que se preocupa más de lo económico que de prestar un servicio público al ciudadano”. Alba Muro, ya en el segundo turno, le recordaba a Carla Urabayen que “el PRC gestionó MARE y no hizo nada para solucionar el problema de los residuos”, a lo que Urabayen se defendía diciendo que “eso no exime de la responsabilidad al equipo de gobierno actual. Cuando nos tocó gobernar, hubo una pandemia que nos obligó a reorganizar muchos recursos”.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA MAYORES GASTOS DE LOS PREVISTOS
La modificación Presupuestaria 3/2026 de Suplementos de crédito para mayores gastos de los previstos en el presupuesto prorrogado y devolución de la nominatividad a las subvenciones previstas en las bases de ejecución ha sido aprobada con los votos del PSOE y Castro Verde; el PRC ha votado en contra y PP, Vox, Ciudadanos y Podemos se han abstenido.
Exponía el punto la concejala de Hacienda, Alba Muro, que explicaba que “es una modificación motivada porque el Ayuntamiento ha tenido más ingresos de los previstos. Los contratos públicos, como limpieza diaria o recogida de residuos, y hay servicios como bicicletas públicas o transporte vinculado al deporte que no se daban en 2021, cuando tuvimos el último presupuesto. Esto se financia mediante bajas de partidas, como la deuda pública, que hoy es de cero. Tenemos más ingresos y debemos reforzar los servicios municipales”.
Cristian Antuñano señalaba que “esto es el día de la marmota: llevamos años sin tener presupuesto que dé ruta al Ayuntamiento y a la ciudad. Tan solo nos traen presupuestos a trozos. La razón por la que tenemos más recaudación es que tenemos más tasas. Es preocupante que se normalice la ausencia de presupuesto y las continuas modificaciones presupuestarias”. Coincidía Urabayen con Antuñano y aseguraba que es “una absoluta anomalía: el Castro Urdiales de ahora no tiene nada que ver con el de entonces. Cuando no se hace el trabajo, llegan los parches”. Y se dirigía a Alba Muro para recriminarle que “aunque creo que eres una persona muy capaz, no estás sacando esto adelante”.
Alberto Martínez señalaba que “llevamos más de 70 modificaciones presupuestarias desde 2021” y coincidía con Urabayen en calificarlo de “anomalía”, tras lo cual añadía que “no podemos seguir validando esta forma de gestión: estos presupuestos fueron votado por Ciudadanos y Podemos, que están en la oposición, y votó en contra Castro Verde, que ahora está en el equipo de gobierno. Es un clamor que necesitamos un nuevo presupuesto”. Vox también se unía a la crítica por la ausencia de este documento económico.
Antes de la votación, la alcaldesa, Susana Herrán, intervenía para explicar que “esta modificación presupuestaria es por mayores ingresos. Hay partidas que necesitan suplementos para ofrecer ciertos servicios. No se puede confundir a la ciudadanía diciendo que hay relación entre la construcción de un edificio en la plaza de Islares”, decía haciendo referencia a una crítica de Carla Urabayen, “porque son partidas distintas”. Después se dirigía a Agustín Fernández, y le replicaba que “los 50.000 euros que vamos a gastar en publicidad son para promocionar eventos culturales o deportivos y talleres de la Concejalía de Medio Ambiente. Es necesario para que la ciudadanía conozca las actividades del Ayuntamiento y participe en ellas”. Y finalmente añadía que “he sacado tres presupuestos en ocho años: para ellos se necesita, aparte del equipo de gobierno, a los técnicos municipales”.
APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR LEVANTAMIENTO DE REPAROS DE FACTURAS DE 2025
La edil responsable de Hacienda, Alba Muro, exponía el enunciado del punto sin más detalles, que aportaba en su exposición el portavoz del PP, Cristian Antuñano: “son 34.000 euros correspondientes 42 facturas de 2025 de pequeños proveedores que llevan sin cobrar en torno a un año, ya que son reparos de servicios que están sin contrato menor ni adjudicación. ¿Quién va a querer trabajar así con el Ayuntamiento?”, se preguntaba, añadiendo que “no avalamos su mala gestión ni queremos perjudicar a los proveedores, por lo que nos abstendremos”.
Carla Urabayen (PRC) afirmaba que “son facturas de eventos recurrentes, como alojamientos de la Feria del Libro o servicios de la gala de los Premios Mujeres Infinitas o del evento Castro Moda, que se repiten todos los años y son actividades programadas, pero que no se prevén”.
Una falta de previsión que también apuntaba José Mari Liendo, de Ciudadanos.
Para Agustín Fernández, “se tenían que haber hecho 42 levantamientos de reparo, no uno solo, aquí hay 42 contratos ilegales según la Ley de Contratos del Estado”, afirmaba contundente el concejal de Vox, que añadía que “la mitad de esos contratos son del grupo Castro Verde. Votaremos en contra”.
Alba Muro abundaba en su segunda intervención que “son pequeñas incidencias administrativas dentro de toda la cantidad de contratos que realiza el Ayuntamiento”, lo que refrendaba Elena García (CV): “son errores humanos, todos nos equivocamos, los políticos y los técnicos. Se trata de 34.000 euros en un volumen de 40 millones de euros que gestiona en pagos el Ayuntamiento”.
La alcaldesa, Susana Herrán, intervenía al final del debate reconociendo que “podía haberlo firmado por Decreto de Alcaldía, ya que me llegó el 30 de diciembre, y esto no hubiera venido a pleno. Pero no lo firmé para que se notifique a los gestores y que esto se corrija y no se repita en otros años. Les puedo asegurar que se ha corregido”.
El punto salía adelante con los votos a favor del PSOE, CV, PRC y Podemos; las abstenciones del PP y Ciudadanos y el rechazo de Vox.
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CANTIDAD GLOBAL DESTINADA A LA ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS
El Partido Socialista detallaba que “se trata de trabajos efectivos fuera de la jornada habitual de Policías y Bomberos cuando el servicio lo necesita, como eventos o emergencias. Se destinan 176.000 euros para la Policía Local y 106.000 euros para Bomberos. Está negociado con los sindicatos por unanimidad”.
Cristian Antuñano criticaba que “en la Policía Local son eventos habituales, como Pasión Viviente, Navidad o Coso Blanco. Estamos ante algo perfectamente previsible. El problema es que Castro debería tener 51 efectivos policiales por empadronamiento y solo tenemos 38 agentes”.
Carla Urabayen abundaba en que “cuando algo excepcional pasa a ser habitual es un problema estructural del Ayuntamiento. Estas gratificaciones se asemejan bastante a horas extras, y no deberían formar parte del funcionamiento de la administración. Además, es difícil entender que algunos mandos de estos cuerpos, que tienen asignada jornada completa, tengan este tipo de retribuciones extraordinarias”.
La edil regionalista incidía en que se trata de “un agravio comparativo que, en algunos casos, estos trabajos extras se compensen con tiempo. Si estamos en cuadro y tenemos que darles tiempo libre, estarían los cuarteles vacíos, por eso se pagan estas gratificaciones, pero debemos revisarlo. Es un problema claramente estructural, que no aborda desde hace años el equipo de Gobierno. Falta de personal y planificación que se compensan con gratificaciones, que podemos llamar horas extra”.
Concluía la alcaldesa aclarando que “los festivos son previsibles pero no las bajas en la Policía Local, por ejemplo. Se trata de una bolsa de gratificaciones en la que los agentes se apuntan y participan de manera voluntaria. No es un problema de organización de este equipo de Gobierno”.
Susana Herrán sacaba pecho sobre las contrataciones de agentes de la Policía efectuadas durante su gobierno, “tras 18 años sin convocarse ninguna plaza. Por ejemplo, en la Oferta de Empleo Público de 2025 se contemplan seis agentes más, además de otro por movilidad y uno por comisión de servicios”, concluyendo que “la tasa de reposición no nos permite tener más efectivos de la Policía Local”.
El punto se aprobaba con los votos del PSOE, Castro Verde, Ciudadanos y Vox, y en contra del PP, PRC y Podemos.
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y CREACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Tal y como ha explicado la concejala del área, Alba Muro, “en este expediente existe una sentencia judicial que dice que hay tres personas en el Departamento de Informática que han prestado servicios al Ayuntamiento a través de empresas externas y ahora se les reconoce como personal municipal. Hemos asignado a estos trabajadores funciones estructurales y necesarias, y ahora compete regularizar las plazas en la plantilla”.
Cristian Antuñano apuntaba que “el consistorio lo ha calificado como una cesión ilegal de trabajadores, es decir, que estaban integrados sin ser reconocidos como funcionarios públicos. Lo más grave”, criticaba, “es que esto ya se sabía. Había informes que señalaban que esta empresa no aportaba más valor que elaborar la nómina a estos trabajadores. En lugar de solucionarlo, se intentó taparlo. Se ha sido claramente consciente. Ha tenido que venir un juez y poner negro sobre blanco para decir lo que ya sabíamos, y ahora hay que compensar a estos trabajadores con lo que debían haber cobrado”.
Añadía el portavoz popular que “estas personas han tenido que ir a los tribunales para que se reconozca lo evidente. Votaremos a favor por estos empleados, no por su gestión, sino a pesar de ella”.
Elena García (CV) indicaba que “el ayuntamiento es una administración pública y la gestión de recursos humanos debería ser mejor de lo que es, todos debemos reconocerlo. Estas cosas no deberían ocurrir y votaremos a favor”.
Carla Urabayen cree que “estos trabajadores han estado durante años desempeñando funciones estructurales, y se ha hecho mediante fórmulas inadecuadas a través de una externalización que los tribunales consideran irregular. Hay necesidad de actualizar la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo. Esto podría estar pasando en otras áreas del Ayuntamiento y habrá que revisarlo. Cada vez hay más ámbitos de la gestión municipal que necesitan avanzar”.
Alberto Martínez, de Podemos, quería aprovechar para “hacer un pequeño reconocimiento al Departamento de Informática. En la pandemia se vio que gracias a ellos, el consistorio pudo trabajar, entre comillas, con normalidad”.
El punto se aprobaba por unanimidad.
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE DEPORTES
El concejal de Deportes, el socialista Francis Vilella, explicaba que “con este nuevo reglamento queremos dar voz a los clubes y deportistas castreños, pero también a asociaciones, colegios, juntas vecinales, colectivos de mayores y demás instituciones y ciudadanos. Queremos escuchar sus propuestas a través de este consejo”.
Cristian Antuñano deseaba que “esta herramienta sirva para dar claridad y ordenar el sector, que todos esos equipos deportivos que tienen chavales jóvenes los puedan formar de la mejor manera para que haya buenos deportistas en nuestro municipio”.
Para Leticia Mejías (CV), “el deporte es una herramienta fundamental para trasmitir valores y fortalecernos como sociedad. Además, contribuye a la salud, algo muy importante en estos tiempos. Es una inversión en salud pública y un ahorro en gasto sanitario”, apuntaba, recordando que “el Consejo de Deportes es un órgano que se creó en su momento pero al que no se ha dado uso”.
El punto se ha aprobado con los votos de PSOE, PP, Castro Verde, PRC y Ciudadanos, y se han abstenido Podemos y Vox.
PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA SANCIONADORA EN MATERIA DE TRÁFICO A LA DGT
Se trata de un trámite de recuperación de las competencias en materia de infracciones de tráfico, que en 2013 fueron delegadas a la Jefatura Provincial.
A Cristian Antuñano le surgía la duda de “por qué hemos tenido que votar las gratificaciones y que ahora se le cargue a la Policía Local con este trabajo. Con la información que tenemos no podemos decir mucho más”.
Eduardo Amor (CV) compartía la inquietud del concejal del PP, aunque reconocía que “si el Ayuntamiento tiene los medios, es normal que recupere la competencia”.
Para Carla Urabayen, “si somos de los últimos ayuntamientos en unirnos, es que sabemos desde hace tiempo que teníamos que hacerlo; otros municipios han sido más diligentes, y nosotros nos enteramos deprisa y corriendo. No cuestionamos que el Ayuntamiento pueda asumir esta competencia, pero nos genera dudas sobre quién la va a tener. Me ha parecido leer en el decreto que es una competencia que, al revertir al ayuntamiento, la alcaldesa puede delegar. Tal vez debería haber pasado por comisión para que hubiéramos tenido la oportunidad de preguntar”.
Aclaraba Susana Herrán que “es una recuperación de competencias para infracciones graves. Antes las gestionaba y cobraba la DGT, ahora las tramitamos nosotros y las cobra el Ayuntamiento. En 2013, por los motivos que fuese, se decidió delegar esas competencias y ahora nos han dicho que tenemos capacidad suficiente, y las recuperamos”.
Se ha aprobado por unanimidad.
COMPATIBILIDAD DEL PORTAVOZ DE PODEMOS CON SU PUESTO DE TRABAJO INTERINO COMO PROFESOR
Finalmente, el pleno ha ratificado, con el voto favorable de todos los partidos, excepto CV, que se ha abstenido, y la inhibición de Podemos, la solicitud de reconocimiento de compatibilidad de dedicación del portavoz de la formación morada, Alberto Martínez, por su actual trabajo como profesor interino.
En la exposición del punto, se aclaraba que “la actividad docente es de mañana y la de portavoz de tarde, de modo que no hay incompatibilidad de horarios y la retribución se ajusta a legalidad, al no superarse los límites salariales”.
Castro Verde se ha abstenido ya que “es lo más prudente, porque consideramos que el contenido de los informes no es determinante ni claro para votar”.
Para el PRC, “el desempeño de funciones públicas puede ser compatible con el desarrollo de una actividad profesional si hay compromiso y la dedicación que merecen. En este caso se trata de docencia, que consideramos compatible con la vida municipal”.
Por último, el pleno de marzo, trasladado a abril, ha dado cuenta de la renuncia al cargo del ya exconcejal regionalista Asier Laforga.
