25 SEPTIEMBRE 2017 /
El pasado 5 de setiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander dictaba una sentencia en la que se acepta el recurso contra una resolución del Ayuntamiento de febrero por la que se desestimaba la reclamación interpuesta por un vecino contra la liquidación del Impuesto de Plusvalía derivada de la transmisión de los inmuebles propiedad del afectado y, en consecuencia, se anula la misma y se condena al Consistorio a reintegrar la cantidad abonada.
La sentencia, dictada por el magistrado Luis Acayro Sánchez, tiene en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional que dirime las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación a la normativa hasta entonces aplicable de la Ley de Haciendas Locales, y empleada para la liquidación en cuestión por los municipios. En este sentido, se ha estimado la inconstitucionalidad de los preceptos que sustentaban estos cálculos de la plusvalía, en la medida que sometan a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Al respecto de este asunto hemos hablado en Castro Punto Radio con el alcalde, Ángel Díaz-Munío. Como ha explicado, ésta no es la primera sentencia relacionada con esta cuestión que llega al Ayuntamiento ya que “ha habido cuatro. En dos de ellas se ha demostrado que ha habido incremento del valor y, por tanto, se ha dado el visto bueno a la liquidación del impuesto; y en otras dos se ha dado la razón al vecino recurrente y habrá que devolver el dinero”.
No obstante, esta situación de “incertidumbre” mientras no se apruebe otra ley que dé cobertura legal para calcular este impuesto, ha hecho que el Ayuntamiento “apenas esté liquidando desde, aproximadamente, el mes de junio”, justo después de emitida la sentencia del Constitucional que entiende que el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial. El alcalde ha matizado que “a veces se ha liquidado, si no ha habido dudas de que ha habido plusvalía. Si hay dudas no se liquida, lo que pasa que los ciudadanos lo que hacen es poner en duda cualquier situación, lo que entiendo muy bien. Por tanto, tenemos más de 1.000 expedientes pendientes y un dinero que no se está recaudando”.
Como ha explicado el alcalde, la postura de los ayuntamientos al respecto de este asunto está siendo dispar. Desde Consistorios que han decidido no liquidar hasta que se resuelva la situación, hasta otros, “como el de Santander, que sigue haciéndolo y ha tenido malas experiencias legales. Cada uno ha hecho lo que ha podido” pero, seguir recaudando puede conllevar un número importante de reclamaciones ciudadanas que, si se pierden, suponen devolver el impuesto cobrado pero, además, “en las últimas sentencias, la tendencia es que fueran los ayuntamiento los que pagaran las costas, lo que nos hace ser más prudentes aún”.
Según datos aportados por Díaz-Munío, el año pasado se recaudó en concepto de plusvalía 1.300.000 euros. Una cantidad “importante” para las arcas municipales y que, incluso, este año se estaba incrementando “porque ha habido muchas más declaraciones de bienes”. No poder liquidar “supone un problema de Tesorería primero y otro de presupuesto”. Por tanto, “estamos dando una vuelta a ese presupuesto porque hay que poner una cifra que nosotros estimemos que podemos recaudar. Habrá que hacer la mejor previsión y luego saldrá lo que salga. Si hay que revisar más de 1.000 expedientes, el resultado puede dar lugar a más o menos dinero que puede, de alguna forma, avalar o no la previsión presupuestaria que hagamos”.
La última sentencia contra el Consistorio castreño “no hace más que reafirmar que la situación de cobro de este impuesto está en un vacío legal. Por un lado tenemos la obligación de liquidar y, por otro, el Constitucional nos dice que es inconstitucional. Estamos sufriendo un problema que corresponde solucionar al Gobierno Central”.
En este sentido, “todos los municipios queremos que se aclare esta situación cuanto antes porque está afectando también a los ciudadanos que desean saber cuál es el criterio para liquidar el impuesto”. En esta situación, “estamos esperando la decisión del Gobierno y creemos que, a corto plazo, saldrá una nueva ley que aclare las cosas y podamos seguir liquidando”.
Para el alcalde, la posición de los jueces “es la tercera pata de esta mesa”. Son “los primeros” que “reconocen que la situación es confusa y que el Estado lo tiene que resolver”. Según Díaz-Munío “ya hay un borrador que conocemos de anteproyecto de Ley y tendrá que ser aprobado por el Congreso cuanto antes”.
Mientras tanto, “tenemos problemas importantes porque impiden la liquidación de este impuesto”. En cualquier caso, ha dejado claro que “lo que sí tienen que hacer los contribuyentes es declarar. Esa obligación nadie la ha puesto en duda. Otra cosa es que luego se tramite como liquidación y se cobre o no se cobre”.
Al alcalde le gustaría que se dieran “unas instrucciones claras a los ciudadanos sobre lo que tienen que hacer” pero, “desgraciadamente, hasta ahora la situación sigue siendo confusa, empezando por el Ayuntamiento. Yo no puedo decir que se deje de liquidar porque el Consistorio sigue teniendo la obligación, salvo que efectivamente los técnicos busquen la forma legal de decir que no se liquide, pero no van a poder porque, precisamente, la situación legal no es clara”.
