El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha condenado al Ayuntamiento a abonar la cantidad de 5.031,58 euros más los intereses legales, a un taller mecánico del municipio, además de las costas judiciales.
Así lo traslada en nota de prensa el sindicato APLB, que explica que “el jefe de la Policía Local”, Domingo Lázaro García, “llevó un vehículo patrulla a ese taller para reparar unas deficiencias por las que no pasó la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Días después, pese a que el taller presentó el vehículo de nuevo a la ITV obteniendo informe favorable, el jefe de Policía consideró unilateralmente que las reparaciones llevadas a cabo no eran pertinentes ni necesarias y solicitó al taller las llaves del vehículo para probarlo, marchándose con él sin dar explicación alguna, y no regresar”.
Las facturas de las reparaciones y las piezas sustituidas en el taller “nunca fueron abonadas, por lo que la empresa se vio obligada a reclamarlas por la vía judicial. Resulta esclarecedor el párrafo de la Sentencia en el que la Magistrada define la actuación del Jefe de la Policía y su declaración en el juicio:
“Su declaración no es coherente ni verosímil. Es una declaración muy interesante en cuanto que es la persona que se encargó de movilizarse para reparar el vehículo, pero es contradictoria, primero en cuanto a las manifestaciones de la localización del vehículo cuando se pasó la ITV, y segundo porque ante varias contradicciones acaba por afirmar que no recuerda cómo fue. No es muy creíble que ante una insatisfacción en un taller, no se interpone queja ni reclamación alguna y simplemente se huya con el vehículo en cuestión, más aún, sin haber firmado ningún documento ni de fin de depósito del mismo, como exige la normativa aplicable”.
Con estos hechos, “una vez más, este mando policial vuelve a dejar a la altura del betún la imagen de la Policía Local y la del Ayuntamiento, al que causa un nuevo perjuicio económico. Es la tercera vez que las arcas del Consistorio asumen condenas judiciales derivadas de la actuación del Jefe de la Policía. Si en esta ocasión la víctima ha sido una pequeña empresa castreña, las dos anteriores fueron un agente y un oficial de la plantilla que interpusieron sendas demandas por acoso laboral. En ambas el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a las indemnizaciones a los policías por los daños sufridos, impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 202 en el primer caso y por el Juzgado de lo Social número 2 de Santander en 2021, en el segundo”.
Añade APLB que “sorprendentemente, a día de hoy, todo ello no le ha supuesto la más mínima consecuencia disciplinaria”.
Texto de la sentencia:
