6 AGOSTO 2018 /
El Ayuntamiento de Castro Urdiales y la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria (CROTU) han llegado a un acuerdo para desbloquear la construcción de un depósito de agua en el Monte Cueto que permita abastecer a más de un centenar de viviendas de zona de La Loma. Un entorno sobre el que hay abierta una investigación judicial por la presunta concesión de licencias de manera irregular y la falta de servicios básicos.
Recordamos que la CROTU emitió, hace un año, un informe desfavorable sobre la Modificación 22 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tenía que ver con la adscripción del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma a los diferentes promotores de la zona.
En su resolución, señalaba que “no puede conceptuarse propiamente como modificación puntual, ya que no modifica determinaciones del Plan General, sino que se limita a repartir el coste de la infraestructura y expropiación entre los propietarios-promotores de los sectores, sin tomar en consideración el grado de desarrollo de los mismos”.
La CROTU no ponía en cuestión la construcción de un depósito de agua en la falda del monte Cueto, del que el Ayuntamiento aprobó en 2009 un proyecto para su ejecución con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, sino que rechazaba la modificación del Plan, que establece las cuotas de reparto del mismo, para que el Ayuntamiento no tenga que abonar la totalidad de un proyecto que ronda los tres millones de euros, sino sólo un 25%.
Este informe supuso un varapalo para los planes urbanísticos de CastroVerde, uno de cuyos objetivos era la construcción del depósito para conseguir la regularización de la zona.
El Ayuntamiento entendió que el Ejecutivo regional le dejaba indefenso en cuanto a poder repercutir esos costes en los promotores de esa zona y decidió presentar un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander,
Pasados unos meses, y con una vista prevista para octubre de este año en el Juzgado, el alcalde se puso en contacto con la CROTU para llegar a un acuerdo y ahorrarse así el proceso judicial. Fue entonces cuando desde la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo propusieron rehacer ese dictamen que rechazaba las pretensiones del Ayuntamiento, y el equipo de gobierno aceptó.
