El pasado 8 de septiembre comenzaba la demolición de uno de los chalés ubicados junto a la carretera autonómica Castro-Otañes, en concreto, el más cercano a la entrada al núcleo urbano de Santullán desde La Loma, en la conocida como Urbanización Vallehermoso.
Con ello, empezaba a ejecutarse la sentencia del ‘Caso La Loma’ dictada por la Sala II del Tribunal Supremo en enero de 2023 que refrendaba la de la Audiencia Provincial de 2020, que condenó a tres de los acusados por el desarrollo urbanístico en la zona (Fernando Muguruza, exalcalde de Castro, César Saiz, exsecretario municipal y Valentín Galdós, promotor y arquitecto), ordenando la demolición de las 11 viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras.
En septiembre de 2025 se derribó una única vivienda unifamiliar a la espera de una resolución judicial de la Audiencia Provincial, tras haber sido solicitada por los condenados una reconsideración de la sentencia respecto a los otros cinco chalés bifamiliares (en la imagen) debido a un informe emitido en octubre de 2024 por Carreteras del Gobierno de Cantabria, ya que la demolición debe ser pagada por ellos.
El 27 de noviembre pasado, el tribunal remitía un escrito a la Dirección General de Obras Públicas solicitando la aclaración de dos cuestiones.
Por un lado, la Audiencia preguntaba “si existe algún proyecto o plan en trámite o ya vigente que haya modificado el trazado de la denominada ‘variante de Santullán’ no finalizada en su ejecución (conexión de la carretera CA-931 con la autovía A-8) y si esta carretera se va a finalizar o no”.
Al respecto, en un escrito al que Castro Punto Radio ha tenido acceso, Carreteras concluye que “es intención de la Consejería que el tramo Santullán-Enlace de la autovía A-8 en Lusa únicamente incluya el tramo ya construido (el túnel bajo esa localidad), ya que ese tramo era el que se señaló en su momento como la solución técnica más recomendable, y con los condicionantes actuales, no se estima conveniente la ejecución del otro tramo” (entre el viaducto a la entrada de Santullán y Lusa).
La segunda cuestión se refiere a los diez chalés “condenados” a su demolición, reiterando ahora la Dirección General de Obras Públicas que “las 10 viviendas mencionadas quedan fuera de la zona de influencia de la carretera CA-931, que es la única que existe en la actualidad”.
Una vez que Carreteras no considera necesaria la demolición de los diez chalés, será ahora la Audiencia Provincial la que tenga que emitir un auto en el que, visto este escrito, previsiblemente “indulte” del derribo a esas viviendas.
