El Parlamento de Cantabria aprobaba a finales de junio la nueva Ley del Suelo, no sin polémica y con el rechazo por parte de muchos colectivos ecologistas.
Salía adelante con los votos a favor de los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y PRC) y de Ciudadanos. Votaban en contra PP y Vox y lo hacía también, saltándose la disciplina de partido, el diputado socialista castreño Javier García-Oliva.
Con él hemos hablado hoy en Castro Punto Radio. Ha lamentado que “estamos ante una Ley que consagra la desregulación de la construcción en suelo rústico. Esto, en contra de lo que hacen la mayor parte de los gobiernos de comunidades de España y Europa, donde hay suelo urbano para construir, urbanizable que es el que puede pasar a urbano; y rústico dedicado al sector primario y donde no se puede construir”.
En Cantabria, “se va a permitir construir en suelo rústico y, además, bajo unas condiciones muy laxas y las más permisivas de toda España”. Con todo, “se dibuja un panorama que nos retrotrae a los años 80 y 90 del siglo pasado con las consecuencias que trajo aquella urbanización dispersa”.
La posibilidad de edificar en suelo rústico “tiene unas consecuencias irreversibles porque lo urbanizado es irrecuperable, cuando es el soporte básico del sector primario”.
García-Oliva ha reconocido que se siente “dolido” con su partido, el PSOE, “que históricamente ha propuesto otro modelo distinto, bien ordenado y sostenible. Lo opuesto a lo que ha aprobado ahora”. Ha recordado cómo la Ley anterior, la que ahora se va a derogar, también permite construir en suelo rústico en algunas circunstancias. Fue una modificación de 2012 a la que el PSOE votó en contra. Alguien tendrá que explicar este cambio de postura sin haberse debatido en el seno del partido ni del grupo parlamentario”.
Es consciente de que los socialistas gobiernan en coalición con el PRC, “que es partidario de esa desregulación de la construcción en suelo rústico, pero no se puede pasar por todo. Una parte no puede imponer su planteamiento sobre cuestiones básicas como lo es ésta. El PSOE tendría que haber hecho valer sus planteamientos”.
Sobre las consecuencias para él de haber roto la disciplina de partidos y haber votado en contra de esta Ley, ha dicho que, “se ha anunciado que se me puede abrir un expediente. Asumo las consecuencias, pero antepongo mi compromiso con los votantes y los ciudadanos de defender una serie de cuestiones y unos principios básicos”.
A partir de ahí, y a la espera de que se publique el texto definitivo de la Ley, ha explicado sus líneas básicas. “Hay tres tramos en función de la población en cada municipio”. En el caso de los de más de 10.000 habitantes, como es Castro, “se permite esa construcción en suelo rústico durante dos años. Pero es una disposición transitoria que se puede modificar y ampliar llegado el momento”.
Ha detallado que “se puede construir en las llamadas corolas, un anillo en torno al núcleo de población en el que se puede edificar en los siguientes 100 metros alrededor. En algunos casos se fija que la parcela tiene que tener un mínimo de metros, pero se da potestad a los ayuntamientos para modificarlo”.
Ha criticado también que “se habla de viviendas unifamiliares, pero van a necesitar urbanización, aceras, alcantarillado… Nadie se compromete a resolver esas necesidades”.
Al margen de la construcción en suelo rústico, hay otras cuestiones que tampoco convencen a García-Oliva. Por ejemplo, “el tema de los PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional). Es una figura necesaria para cosas muy concretas y esta ley permite usarlo para cualquier cosa con una facilidad tremenda. Es un as en la manga por si hay alguna normativa que impida, se pueda pasar por encima de ella”.
