2 JUNIO 2016 /
El pasado mes de abril el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, anunciaba una inversión de 2 millones de euros para la adquisición por parte del Gobierno de Cantabria de viviendas, en el mercado libre, que quedarían integradas en el parque público y destinadas al alquiler social para situaciones de emergencias habitacional. Esos pisos tenían que estar ubicados en los municipios de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo y El Astillero.
Trascurrido el plazo dado para presentar ofertas, Castro ha sido el único municipio en el que ningún constructor, promotor o particular ha ofrecido al Ejecutivo regional viviendas para ser adquiridas. Lo ha confirmado en Castro Punto Radio el gerente de Gesvicán, José Orruela, que ha trasladado al mismo tiempo la preocupación del organismo y la sorpresa ante una situación que “nos crea un problema”, teniendo en cuenta que en nuestro municipio “tenemos abiertos 7 expedientes tanto de emergencia habitacional como de intermediación hipotecaria y debemos ahora empezar con otro escenario distinto al que teníamos”.
Desde el Gobierno se están analizando todavía las posibles causas que han llevado a esta situación pero, como ha dicho Orruela “creemos que quizá haya sido que no les ha convencido nuestra oferta de precios e igual esperaban sacar más beneficio por su piso, aunque hemos puesto unas cantidades diferentes para Castro y Santander que para el resto de la provincia”.
En cualquier caso, “esto es un varapalo que no beneficia a nadie” y a partir de ahora, “tendremos que buscar unas viviendas de emergencia para estos siete casos”. Una estrategia que “va a llevar más tiempo de lo esperado porque habrá que ir buscando diferentes ofertas y sitios en los que se nos ofrezcan viviendas”. Eso sí, “no queremos que la gente salga del contexto en el que tiene su arraigo y hemos puesto un máximo de kilómetros y de tiempo”.
Recordamos, según los datos ofrecidos en su momento por Mazón, que el precio máximo de adquisición por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, antes de impuestos, se estableció en 1.394 euros para los municipios de Santander y Castro Urdiales, con un límite máximo por vivienda, antes de impuestos, de 120.000 euros.
La superficie útil mínima de las viviendas tenía que ser de 60 metros cuadrados y, al menos, dos dormitorios, siendo preferibles las de tres.
En cualquier caso todas tendrían salón, cocina y al menos, un baño con lavabo, inodoro y bañera o ducha. Todas las habitaciones, a excepción de los baños, tendrían ventana al exterior. La superficie útil mínima de los dormitorios individuales se marcó en 6 metros cuadrados, con un dormitorio principal de superficie útil no menor de 12.
La antigüedad del edificio no podía ser superior a 35 años, su estructura debía ser de hormigón armado, constituido en comunidad de propietarios, con ascensor, salvo que la vivienda ofertada se ubique en planta baja, y las zonas comunes del edificio tendrían que estar en buen estado de conservación, y cumplir la normativa de habitabilidad, así como el resto de normativa técnica.
