El Ayuntamiento de Castro tiene tres años de plazo para liberar de amianto las instalaciones de su propiedad que contengan este mineral.
Así nos lo ha contado Javier Gayoso, de la empresa GISGAL, autora del proyecto inicial de detección de amianto en el municipio castreño.
Tal y como señalaba este experto, “todos los edificios públicos tienen la obligación de retirar el amianto de sus instalaciones, según la Ley 7/2022 de 8 de abril, que introduce una disposición relativa a instalaciones y emplazamientos con amianto, con la finalidad de garantizar la correcta identificación y gestión de estos residuos”.
El proceso a seguir según la normativa será el que sigue: “en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”.
Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
Esa retirada “priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable”, explicaba Javier Gayoso. En todo caso, “las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo, 97 en Castro Urdiales, deberán estar gestionadas antes de 2028”.
Imagen del Astillero Galafate, un edificio con amianto en pleno casco histórico castreño.
