Castro Verde califica de «sorpresivo» el anuncio efectuado el jueves por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre el plan del ejecutivo de desarrollar un Plan de Interés Regional (PSIR) para la construcción de 1.700 viviendas y el hospital de alta resolución «mediante una iniciativa privada».
Según indican en nota de prensa, califican así este anuncio porque «lo normal hubiera sido diseñar una operación de esa envergadura con el Ayuntamiento, que debiera informar sobre la idoneidad de la zona elegida, por sus accesos e integración en la trama urbana, y en toda esta legislatura no se ha producido ninguna de estas consultas urbanísticas al Ayuntamiento de Castro».
Esta formación política señala que «un PSIR es un instrumento urbanístico que retira las competencias urbanísticas que por ley competen a los ayuntamientos, para desarrollar operaciones sin la intervención de éstos, pero que en el caso de llevarse a cabo después deberán asumir los servicios y mantenimiento de la zona».
Castro Verde recuerda que «de esta manera se inició en 2008 otro PSIR para ampliar el polígono de Vallegón, cuyas primeras fases se desarrollaron sin contar con el Ayuntamiento y de manera impuesta, y pasados los años, tras muchos problemas de implantación e inversiones millonarias de dinero público. estos desarrollos están apenas sin industria implantada».
En opinión del socio de gobierno municipal, «la argumentación ofrecida para lanzar la operación basada en falta de suelo para la instalación hospitalaria no parece justificada, puesto que el Ayuntamiento posee un terreno completamente regularizado urbanísticamente junto al polideportivo Pachi Torre que se encuentra segregado para tal fin y ya fue visitado por el consejero de Sanidad en 2024 (en la imagen principal). Si hubiera realmente interés en él, el Ayuntamiento estaría obligado a cederlo».
También destaca en su comunicado que «la ley del suelo de Cantabria obliga a construir un 30% de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en nuevos desarrollos, así que las 400 VPO anunciadas no llegarían a las 510 mínimas sobre el total de 1.700. Otro aspecto a considerar es que los aprovechamientos urbanísticos (un 15% sobre el beneficio de la operación, que en este caso podrían ser de varios millones de euros) pese a que por ley corresponden a los Ayuntamientos, se los embolsaría el Gobierno Regional, sin tener que mantener después lo urbanizado».
«El Plan General (PGOU) de Castro tiene aún zonas por desarrollar que serían las zonas más idóneas para integrar un PSIR como el anunciado en la trama urbana», añaden, «puesto que no tendría sentido transformar suelo rústico aislado con dificultades de comunicación y falta de servicios que derivarían en los problemas muy conocidos en Castro por “errores” del pasado».
Castro Verde finaliza señalando que «a lo anterior habría que añadir que, tras décadas aspirando a la llegada del ferrocarril en Castro, cualquier desarrollo urbanístico deberá respetar la ubicación del único punto viable técnicamente para implantar la estación junto a parque de Bomberos (en la imagen inferior), como determinó el estudio del Ministerio de Transporte. No respetarlo, supondrá enterrar definitivamente la llegada del tren a Castro».
En base a estos argumentos, la formación propone al Gobierno de Cantabria «buscar la ubicación idónea de ese PSIR de manera coordinada con el Ayuntamiento como conocedor de las necesidades del municipio, antes que con cualquier inversor privado».
