Los portavoces de todos los grupos políticos municipales han debatido en Castro Punto Radio sobre la recién aprobada subida de 22 ordenanzas fiscales y precios públicos de cara a 2024.
El edil de Vox, Agustín Fernández, ha hablado de “subidón increíble y con dos euros más al trimestre por el agua no estamos contemplando a todos los colectivos que pueden ser más vulnerables”. Ha defendido que “hubo que hacer una modificación presupuestaria de 570.000 euros para pagar a la empresa del agua los retrasos del IPC, y después destinamos 500.000 euros a una campaña de bonos comercio regalando el dinero”. Ha recordado también que el IPC lleva siendo positivo los últimos cuatro años y no se ha subido en todo este tiempo. Ahora se hace un incremento tremendo”.
Para Podemos-IU “no es una subida como tal, sino ajustar las tasas al precio de debería tener. No obstante, se ha esperado mucho tiempo para hacer esto y ahora, todo de golpe. Debería haberse realizado de forma escalonada”. Alberto Martínez ha aprovechado para volver a reclamar la celebración de la mesa del agua “para tratar este contrato en profundidad”.
En la misma línea, José Mari Liendo (Ciudadanos) ha afirmado que “las subidas deben realizarse teniendo en cuenta el contexto social en ese momento”. Por eso, “tendría que haber sido de forma escalonada, con un plan a 4 años por ejemplo, de forma que la carga para los vecinos sea más progresiva”. Ha añadido que “hemos pasado de asumir este coste desde el presupuesto municipal, a repercutirlo de golpe a los ciudadanos”.
Carla Urabayen (PRC) ha dicho que “todo esto no es más que la confirmación de lo que venimos años advirtiendo los regionalistas de que el despilfarro nos iba a llevar a esto. Se nos trataba de catastrofistas y nada más lejos de la realidad”. Considera que se ha decidido subir las tasas y no sacarlo del presupuesto como hasta ahora “porque eso supone mucho menos dinero para fiestas”.
Por parte del PP, Cristian Antuñano, ha hablado de “falta de respeto decirle a los ciudadanos que sólo van a ser unos eurillos de subida, cuando esto es un hachazo fiscal a todos los ciudadanos, en lugar de asumirlo con el presupuesto”.
La concejala de CastroVerde, Elena García, ha afirmado que “la subida no se puede hacer de forma gradual porque el IPC ha subido y, de una manera u otra, lo vamos a tener que asumir los ciudadanos, o con esto o través del presupuesto”. Ha trasladado que “la propuesta inicial es de los técnicos y, tras analizarla, se ha decidido que había una serie de servicios, como los de polideportivo, que no tenían que tocarse”. Ha criticado que “habláis de asumirlo con el presupuesto, pero ninguno decís que partida hay que quitar para hacer frente a ese gasto”.
Pablo Antuñano (PSOE) ha defendido que “un Ayuntamiento funciona en consonancia con la sociedad y hay que actualizar las ordenanzas al IPC para, por ejemplo, no tener que hacer una modificación presupuestaria de 570.000 euros para pagar esos ajustes a la empresa del agua. Dinero que podría haberse usado para otras cuestiones o servicios. El modelo elegido ha sido el de pagar por cada contador en Castro, sea de un empadronado, no empadronado o un banco, por ejemplo”.
CONTINUIDAD DE BONO COMERCIO
Al margen de esta cuestión, han debatido sobre la continuidad o no del bono comercio y del gasto que supone.
Desde Vox no son partidarios de que “se regale ese dinero sin ningún tipo de criterio social. Eso es despilfarrar y entregar a manos llenas. Podía tener su sentido para ayudar al comercio en un momento de crisis económica importante, como lo fue con el covid, pero no ahora”.
Desde Podemos-IU creen que “500.000 euros es más de lo que el Ayuntamiento puede permitirse de forma sostenida. Creo que la mitad podría ser una buena medida para incentivar las compras en el comercio local. También se podrían introducir criterios de renta”.
Ciudadanos está “de acuerdo con los bonos porque ayudan a mantener abiertos muchos comercios”. Ahora bien, “tal vez se tiene que determinar una nueva justificación porque el coronavirus ya está superado. Será en el contexto del nuevo presupuesto para 2024 cuando se tendrá que determinar qué cantidad se puede aportar a estos bonos”.
El PRC ha hecho alusión a que “en esta última campaña han sobrado 127.000 euros y eso marca también la situación por las que están pasando las familias, que no pueden asumir ciertos costes”.
El PP apoya los bonos como “una buena forma de incentivar la economía local y ayudar a los emprendedores y autónomos”.
No obstante, “una buena medida, ha sido empeorada por la mala gestión de la concejala de Comercio Nerea San Miguel, que se ha olvidado de las peticiones de los comercios de no anunciar la campaña hasta su comienzo y la ha anunciado 9 días antes. La gente ha esperado al inicio de los bonos para hacer compras y los establecimientos han estado días sin vender”.
Por último, CV entiende que “es un gasto que hay que repensar mucho. Hay que establecer unos criterios sociales para que ese dinero vaya donde realmente se necesite”. Ha añadido que, “por ejemplo, para el bono escolar con criterios sociales, bastaría con unos 200.000 euros”.
En el siguiente enlace se puede escuchar y descargar el debate de hoy:
