La empresa Amiantec 3000 S.L. ha comenzado esta mañana a realizar catas en la zona conocida como El Campillo, en el Barrio de San Marcos de Santullán, encargadas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Se ejecutarán un máximo de seis catas de 1,5 x 1,5 x 2,5 metros, “a fin de localizar un depósito no autorizado de residuos, entre ellos, placas de fibrocemento”, tal y como refleja el objeto del contrato.
Recordemos que, tal y como informó el Ayuntamiento de Castro Urdiales el pasado mes de agosto, se ha abierto un expediente de restauración de la legalidad ya que “la empresa adjudicataria de la Fase 1 de las obras de saneamiento de Santullán reclamaba al Ayuntamiento 86.000 euros por trabajos realizados no incluidos en el proyecto, 10.000 de ellos que sí tienen relación con el saneamiento, pero el resto, unos 76.000 euros, no tienen que ver con estos trabajos y, por tanto, el Ayuntamiento no está dispuesto a abonarlos”.
En aquel momento indicaba el concejal de Obras, Alejandro Fernández, que “la empresa reclamaba unas obras adicionales al propio contrato, obras ‘alrededor del saneamiento’. En la Comisión Informativa del mes de julio, el concejal y presidente de la Junta Vecinal de Santullán, Julián Revuelta, reconoció que tenía un acuerdo con la empresa por la que ésta usaba unos terrenos de la junta para depositar los restos de excavación y, a cambio, le iba a hacer una serie de obras alrededor cuyo pago ahora se reclama al Consistorio”.
Según Fernández, se trata, “por lo que dijo Revuelta, de toda la explanación y los trabajos ejecutados para generar un parque en la zona de El Campillo. Todo eso no puede contemplarse dentro del contrato de saneamiento y, además, son trabajos que no tienen licencia municipal, ni autorización de Confederación Hidrográfica, ni siquiera de la CROTU (Comisión Regional de Urbanismo) teniendo en cuenta que algunas de esas obras están realizadas sobre terreno rústico”.
A todo esto, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cantabria abrió una investigación ante la denuncia de un ciudadano “quien puso en su conocimiento la sospecha de que se fuera a construir un parque en la Junta Vecinal de Santullán con rellenos de residuos procedentes de una obra de saneamiento, que pudieran ser contaminantes”.
Ha estado presente el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil para continuar con las diligencias penales del caso.
