5 MAYO 2015 /
A pocos días para las elecciones municipales, el futuro político del candidato a la Alcaldía en Castro por el PSOE, Daniel Rivas, está comprometido. Y es que se espera que el juez Acayro abra en pocas semanas juicio oral por el caso La Loma en el que Rivas está imputado.
Las dudas en cuanto al futuro político del candidato socialista vienen marcadas por el código ético del PSOE a nivel nacional, firmado por su Secretario General, Pedro Sánchez, en octubre de 2014, y que dice textualmente en su apartado 5.2 lo siguiente: “Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Fuentes del PSOE a nivel regional afirman que es muy probable que Rivas tenga que dimitir en próximas fechas, al igual que podría ocurrir con el candidato socialista en Laredo, Juan Ramón López Revuelta, también encausado en el ‘caso La Loma’.
La Dirección regional del PSOE ha declarado a Castro Punto Radio que antes de tomar cualquier decisión quieren leer íntegramente el auto, algo que esperan poder hacer a lo largo de la mañana.
A las 7 de esta tarde se celebrará un Comité Regional del PSC-PSOE, ya convocado con anterioridad, para debatir sobre el programa electoral. Pese a tener un orden del día cerrado, se espera que en esa reunión, así como en la comisión permanente que la antecede, se trate este asunto. Una cita a la que está convocado el propio Daniel Rivas, como miembro del comité, al igual que otros militantes de Castro Urdiales.
Esta emisora no ha podido recoger las declaraciones del líder socialista castreño pese a las múltiples gestiones realizadas, tanto personales como a través del grupo municipal.
Recordamos que la Audiencia Provincial ha rechazado los recursos presentados por la mayoría de los imputados en el conocido como ‘caso La Loma’, un asunto instruido por el juez Acayro y que investiga la concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.
Hay un total de 48 encausados entre políticos, técnicos, funcionarios, promotores y constructores.
