El concejal de Urbanismo y Movilidad, Eduardo Amor, ha visitado los estudios de Castro Punto Radio para explicar los pormenores de la reunión que mantenía la pasada semana en el Ministerio de Transporte (MITMA) en Madrid con el subdirector general de Gestión de Transporte Terrestre para abordar el servicio de autobuses de Castro-Bilbao.
Como ha señalado, “el objetivo del encuentro era trasladar el sentir de los usuarios de la mejor manera, que es cara a cara ante el organismo responsable”.
Repasaron el “transcurso de las frecuencias de autobús en estos últimos años, desde que estalló la pandemia hasta ahora, cuando no se han recuperado muchas de las que se eliminaron en el confinamiento”.
Ha recordado cómo el Ayuntamiento “ha venido reclamando la recuperación de las frecuencias previas a la pandemia a través del registro de quejas y de mociones debatidas en el pleno, pero uno no sabe muy bien donde caen ese tipo de reclamaciones, por lo que, lo mejor era trasladarlas cara a cara”.
Y es que, “la línea directa Castro-Bilbao-Castro está prácticamente igual que antes del confinamiento, pero el resto de trayectos se mantienen casi como en lo peor de la pandemia. Tenemos apenas dos servicios diarios de ida y vuelta por los pueblos, sólo de lunes a viernes; y la que va a Cruces se mantiene con un recorte del 50%”.
El subdirector general “se sorprendió de esta situación y dijo que se pondría en contacto con la empresa concesionaria para hacerle ver que el contrato está sujeto a unos condicionantes que queden cumplirse”.
Durante la reunión, el concejal conoció un detalle del contrato que ha reconocido que le sorprendió. Y es que, la empresa ha hablado de pérdidas para justificar los recortes de frecuencias, “y pregunté en el Ministerio cuánto aportaba el Estado para compensar esas pérdidas y la respuesta fue que nada, que el contrato es a riesgo y ventura del contratista”. Esta situación “explica por qué la empresa decide aumentar algunas líneas y otras no. Aumenta donde puede obtener más rentabilidad, pero esto ni puede ser así y tendrá que cumplir unos mínimos en otras líneas porque estamos hablando de un servicio público al que accedió comprometiéndose a un pliego de condiciones”.
A todo esto se suma la especie de limbo en la que se encuentra el contrato actual, “que se llegó a anular en 2014 por los tribunales y por un motivo u otro y no se ha vuelto a licitar”.
Para ello, “el Ministerio estaba pendiente de establecer un mapa concesional porque, de las 78 líneas que gestiona en todo el país, va a quedarse con 22 y el resto se delegarán a distintas comunidades autónomas. La de Castro-Bilbao está confirmado que estará dentro de esas 22 que continuarán en manos del Ministerio, por lo que no tiene sentido seguir esperando y la nueva licitación tiene que salir cuanto antes”.
