14 MARZO 2016 /
El alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, ha aclarado en Castro Punto Radio que el edicto publicado por el Ayuntamiento en el que se advierte a promotores y vendedores de viviendas del área de La Loma (SUNP 3, 4, 7 y 12) de la ilegalidad que supone seguir habitando estas construcciones, “no va dirigido a los que viven actualmente en estas edificaciones y que tienen nuestro respaldo”, ya que habitan “en una situación alegal y precaria porque no tienen los servicios necesarios”. En este sentido, “estamos empeñados en que acaben viviendo de una forma legal y comprometidos a resolver sus problemas”.
Por tanto, la advertencia se produce en este momento “porque hemos tenido noticia de que los bancos están vendiendo casas que podrían llegar a ser habitadas y nosotros nos hemos hechos responsables de los problemas de la zona y los vamos a resolver, pero no queremos responsabilizarnos de nuevas viviendas ocupadas por gente que, por decir así, sin suficiente información, pudiera estar siendo engañada y pudiera empezar a vivir ahí”.
El Ayuntamiento sabe, según ha dicho el alcalde, que “hay gente que ha comprado nuevas casas y queremos decirles a ellos y a los que las venden que no tienen Licencia de Primera Ocupación y que, por tanto, su ocupación es ilegal y haremos todo lo posible para que sepan que no pueden vivir en esas condiciones”.
Al mismo tiempo, se avisará de esta situación a las empresas suministradoras de agua y electricidad para que no establezcan el servicio en estas condiciones y “también a los bancos y notarios o cualquier otro que pueda tener intervención dentro de un trámite de venta”.
A día de hoy el Ayuntamiento es conocedor de lo que están haciendo la entidades financiera pero, si se diera un caso de venta por parte de un particular, “la forma de enterarnos sería a través de los notarios”.
El equipo de Gobierno habla también de un plazo “al menos dos años” para restaurar la legalidad de la zona. Se fija este periodo “en base a lo que vamos avanzando en la resolución del problema. Estamos elaborando una hoja de ruta para abordar la situación y esos son los plazos que estamos valorando en base a tener que modificar el PGOU, hacer un depósito, tener que hacer unas obras de urbanización que faltan… Es un proceso que ojala podamos acortar, pero dos años no es excesivo”.
Desde que comenzó la legislatura, “se ha avanzado en una cosa importante que es crear un equipo de trabajo, que se reúne todas las semanas, y que se centra exclusivamente en resolver en su momento el APD-2 y también La Loma”.
En cualquier caso, “dentro de ese plazo y hoja de ruta, hay una línea de actuación que pretende que, sin tener que esperar a toda la terminación completa, intentamos no olvidarnos de poder hacer actuaciones intermedias que pudieran mejorar los servicios de los vecinos. Ver en qué forma podemos mejorar el tema del agua, del saneamiento o de los viales. Al mismo tiempo que trabajamos por la solución final, lo hacemos también para intermedias”.
Para terminar, el alcalde se ha referido a los avales depositados en su momento por las constructoras y que “estamos contemplando la posibilidad de recuperarlos donde los haya para poder financiar las obras que hay que hacer. Eso depende de que los haya y que puedan ser ejecutados porque se presentan pero depende para qué. Hay constructores que daban sus avales para hacer su frente de urbanización. A esos difícilmente podríamos reclamarles por la construcción de un depósito o un nuevo saneamiento”.
