24 ENERO 2017 /
El concejal de Vivienda, Alejandro Fernández, ha informado que en el año 2015 se realizó el Informe de Evaluación de Edificios en un total de 185 inmuebles de más de 80 años y en 2016 fueron 16 de entre 65 y 80 años.
Son datos que trasladó ayer en comisión a los diferentes grupos de la oposición y que hoy ha detallado en Castro Punto Radio.
Recordamos que la realización de este informe es obligado por Ley en aquellos edificios de más de 50 años. Consiste en la elaboración, por un profesional, de un informe de evaluación sobre la situación del inmueble, que especifique, en su caso, aquellas obras necesarias para el mantenimiento de la estructura y el ornato.
Este año 2017 se abordarán los estudios en aquellos edificios de entre 50 y 65 años de antigüedad para “poco a poco ir poniéndonos al día y seguir ya, año tras año, con los que vayan cumpliendo los 50”, ha asegurado el concejal, al tiempo que ha especificado que el volumen de construcciones sujetas a esta medida “será mayor o menos dependiendo del número de construcciones que se hicieran en su momento”. Por ejemplo, “cuando cumplan 50 años los edificios que se levantaron con el boom inmobiliario, será importante el número de informes a realizar”.
En esta primera etapa y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Castro tardó en poner en marcha la gestión de esta medida “está habiendo en Castro obras importantes y difíciles, ya que, al tratarse de los edificios más antiguos (de madera y con instalación que no cumplen la normativa) las gestiones son más complicadas y el desembolso económico por parte de los propietarios es mayor”.
Y es que, Fernández ha insistido en que “no ha habido cultura del mantenimiento de edificios y ha habido más preocupación por la zona privada de nuestra casa que por la común”. Desde el Consistorio “se está tratando de inculcar esta cultura, a partir también de las obras que deriven del Informa de Evaluación de Edificios porque, cuanto menos mantenimiento, el valor de los arreglos será mayor”.
Esta normativa supramunicipal de evaluar la situación de los inmuebles, afecta únicamente a edificios residenciales colectivos. Por tanto, los edificios públicos no están sujetos a ella. De todas formas, “nosotros tenemos la obligación moral de hacerlo y se acometerá cuando haya disponibilidad económica ya que, hay muchos gastos y hay que establecer prioridades”. Así se ha manifestado Fernández, que tiene en mente, entre otras cosas, en el momento que sea posible, “hacer una auditoría de eficiencia energética en todos los inmuebles públicos”.
Para terminar, ha recordado que hay subvenciones regionales para llevar a cabo las obras que resulten del Informe. “Espero que el nuevo decreto se apruebe este mes y, a partir de ahí, organizaremos reuniones informativas con los ciudadanos interesados”.
