11 AGOSTO 2015 /
Un total de 1.118 personas están inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Castro. Una cifra que ha dado a conocer hoy en Castro Punto Radio el concejal del área, Alejandro Fernández, y que ha hecho que este tema fuera uno de los tratados durante la reunión que el edil mantuvo el pasado 31 de julio con el director general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Gómez y el gerente de la empresa pública Gesvicán, el castreño José Orruela.
El equipo de Gobierno está trabajando ya en la búsqueda de terreno para la construcción de Viviendas de Protección Oficial. Se hablará con los presidentes de las Juntas Vecinales pero, “la mayor demanda por número de población se da en la ciudad”, con lo que por ahí comenzará esta búsqueda, en terrenos propiedad del Ayuntamiento.
Fernández ha explicado que ya tiene en su poder un listado, solicitado al técnico de Patrimonio, con el inventario de parcelas. En este documento se incluyen las famosas de Cotolino que salieron subasta pero hay otras que el concejal no ha podido detallar “porque aún no he tenido posibilidad de estudiar las referencias catastrales para ver dónde están y demás”.
Una vez vista la predisposición del Gobierno de Cantabria en esta materia, “seguiremos en ello pero queríamos llevar cuanto antes al Ejecutivo regional la problemática de vivienda que hay en Castro”.
Durante la reunión, se habló también sobre la creación de una bolsa de vivienda en alquiler para lo que “de nuevo hay sintonía entre administraciones”. Lo que se busca es que “haya una delegación de esta bolsa en Castro”, un municipio que, según datos de 2008, tenía unas 3.000 casas vacías. “Quiero tener ese dato actualizado e incluir la posibilidad de introducir ayudas para que las personas en situación social precaria puedan acceder”.
Por último, el edil socialista se ha referido a la posibilidad de poner en marcha una ARI (Área de Rehabilitación Integral) del Casco Histórico. Según ha señalado “son temas que hay que estudiar muy bien y hay que contar con el visto bueno de los vecinos de la zona y ver las necesidades de cada entorno y el modelo de gestión”. Es un tema “complicado” porque requiere del convencimiento y el acuerdo entre las administraciones y los vecinos. “Lo que haremos ahora, tras contar con la predisposición del Gobierno de Cantabria, será ponernos de acuerdo con los propietarios y delimitar un área de actuación”.
