El Ayuntamiento de Castro Urdiales, a través de sus concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, informa de la detección de diversos vertidos ilegales de escombros localizados en distintos puntos del término municipal, con especial gravedad en el cauce del río Tabernillas, a su paso por Sámano, en concreto en el entorno de Vallegón.
Tras las investigaciones pertinentes realizadas por los servicios técnicos municipales se ha determinado que el origen de estos residuos procede de las obras de restauración de una vivienda situada en la Junta Vecinal de Otañes. Se ha constatado, además, que dicha intervención se estaba ejecutando sin la preceptiva licencia municipal de obras.
Dada la gravedad de los hechos, especialmente por la afección al ecosistema fluvial, la Concejalía de Medio Ambiente ha dado traslado inmediato de la situación al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil). El cuerpo armado ya ha confirmado la apertura de un expediente sancionador por los vertidos realizados en el río Tabernillas, una zona de especial sensibilidad ambiental que discurre junto al polígono de Vallegón.
La concejala de Medio Ambiente, Virginia Losada, manifiesta que «desde el Ayuntamiento se actuará con la máxima firmeza ante cualquier comportamiento que degrade nuestro medio ambiente o ignore la legalidad urbanística. No podemos permitir que el beneficio particular de unos pocos se traduzca en un daño irreversible para nuestros ríos y montes».
Eduardo Amor, concejal de Urbanismo, añade: “el Consistorio no tolerará acciones que atenten contra el patrimonio natural y el ordenamiento urbanístico del municipio”.
Por ello, se han activado respectivos mecanismos de sanción: por el depósito incontrolado de residuos y el daño medioambiental causado, y por la realización de obras mayores sin licencia y el incumplimiento de la normativa vigente.
Las sanciones urbanísticas, dependiendo de la gravedad, que se valorará con un informe técnico, pueden ir desde 300 a 3.000 euros si son leves y desde 3.001 a 30.000 si son graves. Respecto a las sanciones medio ambientales, las infracciones graves pueden ir desde los 901 hasta los 45.000 euros.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y se recuerda “que la gestión de residuos de construcción debe realizarse obligatoriamente a través de gestores autorizados, garantizando así la protección de nuestro entorno”.
