21 DICIEMBRE 2015 /
Finalmente será el Ayuntamiento de Castro, y no la Dirección General de Juventud como se confirmó en su momento, el que financie la contratación de una empresa o asociación mediadora que se encargue de llevar a cabo los trámites necesarios para regularizar y controlar las lonjas juveniles.
Así lo ha asegurado a Castro Punto Radio la concejala de Juventud, Ainhoa Pérez San Miguel tras la reunión que mantuvo en Santander con el Director General. Con este cambio, la puesta en marcha de esta iniciativa tendrá que esperar a que el Consistorio apruebe unos nuevos presupuestos para 2016 que incluyan una partida para este fin.
Y es que, esa empresa o asociación mediadora se tendrá que hacer cargo, durante un año, de todo el proceso al completo, que se dividiría en varias fases, comenzando por la elaboración de un censo de las lonjas de este tipo que hay en el municipio, para después proceder a comprobar si cumplen o no con una serie de requisitos y acabar con la mediación entre las partes implicadas (jóvenes, vecinos y propietarios de los locales) e información sobre la ordenanza reguladora en la que también se está trabajando. “La Dirección General sólo nos sufragaba los costes de una de las fases y entendemos que es una pena que empiecen a trabajar unas personas y después cambiemos de entidad y los ciudadanos tengan que volver a explicar toda su situación”, ha dicho la edil socialista.
“Para no ir para atrás”, se ha quedado con el Gobierno de Cantabria en que “ellos van a cubrir todas las actividades y campañas extra que nosotros queramos hacer, como por ejemplo campañas contra el alcohol o las drogas en menores, charlas, reparto de preservativos. Todas las actividades extra que queramos hacer”.
La edil ha asegurado que el equipo de Gobierno quiere sacar los presupuestos en breve pero, mientras tanto, “estamos haciendo una ordenanza con todos los detalles para que no se nos escape nada”. La intención de Pérez San Miguel es llevar ese documento al pleno en enero y aprobarlo cuanto antes para que empiece a operar y la organización mediadora pueda ir transmitiéndola a las partes afectadas “para que no se encuentren con la ordenanza así en la calle”.
