28 MARZO 2016 /
El Ayuntamiento de Castro Urdiales recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, que condena a la Administración municipal a abonar en el concepto de reequilibrio económico a la mercantil Ascán, la cantidad total de 5.382.514.
Así lo ha señalado esta mañana el alcalde, Ángel Díaz-Munío, al tiempo que ha asegurado que, una vez echado un primer vistazo a la sentencia con los abogados y los técnicos municipales, “creen que tiene posibilidades de defensa porque entienden que se basa en informes periciales de parte, no externos ni independientes. Por tanto, consideran que tenemos posibilidades de que el Tribunal Superior de Justicia nos sea más favorable”.
En cualquier caso, el alcalde es consciente de que el Ayuntamiento tendrá que hacer algún tipo de desembolso en favor de Ascán, aunque el recurso consiga sus objetivos. “Posibilidades de que no haya nada, sería maravilloso pero hay ciertas partidas que reclama la mercantil que tienen su cierto encaje. Es más, cuando el Ayuntamiento defendió sus alegatos en su momento, ya preveía unas cantidades de 200.000 o 300.000 euros a las que entendía que Ascán tenía derecho”.
No ve Díaz-Munío “la reclamación cero” pero sí confía en que hay posibilidades de que la cantidad a desembolsar por el Ayuntamiento sea bastante menor a esos 5.382.000 euros iniciales. Y es que, si finalmente fuera ésa la cantidad a desembolsar por el Consistorio “provocaría un importante quebranto y de alguna forma destruiría las posibilidades de actuación económica en cualquiera de los ejercicios en los que lo tuviéramos que contemplar o en todos ellos en la medida que lo repartiéramos a lo largo de distintos ejercicios. Sin duda este dinero saldría del bolsillo de los ciudadanos de una manera o de otra: en obras que no hagamos, en tarifas que haya que subir o como sea, pero el resultado de esto, si hay millones que pagar, tendríamos que pagarlos entre todos”.
El siguiente paso que va a llevar a cabo el Ayuntamiento consiste en “establecer una nueva estrategia jurídica para defender nuestros derechos” ya que el Consistorio “sigue negando” la existencia de ese desequilibrio alegado por Ascán y “lo seguirá haciendo mientras la sentencia no sea firme”. Ha recordado, no obstante, que “cuando las partes presentaron sus escritos de defensa correspondientes, los técnicos municipales (secretaria, viceinterventor y tesorera) firmaron un informe y luego el Ayuntamiento aportó otro del interventor. Seguramente hayan confundido a la juez el que haya en el Ayuntamiento dos informes distintos y que son contradictorios”.
Por otro lado, el alcalde ha defendido la necesidad de “coger el contrato firmado en 2007 con esta empresa e interpretarlo y saber gestionarlo con responsabilidad”. Y es que entiende que durante años “ha estado en una indefinición absoluta en cuanto a quiénes eran los responsables de su seguimiento dentro del Ayuntamiento”.
En este sentido, ha responsabilizado de la situación a la que se ha llegado a todos los políticos y técnicos municipales que desde ese 2007 han tenido competencias sobre este asunto y “no lo han gestionado como en debido ni han respondido a las reclamaciones de la empresa, que se vienen produciendo desde 2009”.
Por tanto el alcalde insiste en que “esto es un resultado de una deficiente gestión de un contrato en el cual los responsables son aquellos que lo firmaron en su momento pensando que era una buena idea hacerlo como se hizo. También los que luego han tenido la responsabilidad de seguirlo y controlarlo y los que estamos ahora seremos responsables en la medida que esté en nuestra mano o no haberlo evitado o que no vuelva a pasar. Por tanto, los ciudadanos están en su derecho de reclamar”.
Para Díaz-Munío “también tienen su parte los técnicos que en su momento aconsejaron y respaldaron la firma de este contrato y que no han hecho el seguimiento del mismo con la responsabilidad necesaria”.
