30 SEPTIEMBRE 2015 /
Las comunidades autónomas de Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha, así como 21 Ayuntamientos, entre los que se encuentra Castro Urdiales, han sido calificados por la institución del Defensor del Pueblo como “administraciones entorpecedoras” de su trabajo durante este año, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las administraciones citadas son “entorpecedoras” porque “han dificultado u obstaculizado” su labor, “bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada”.
En el caso de Cantabria, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales lleva 126 días sin contestar los requerimientos de información, y la Secretaría General otros tantos. Por su parte, Castro Urdiales es el único municipio de la región al que la institución que dirige Soledad Becerril (en la imagen) considera “administración entorpecedora”.
Las corporaciones locales a las que se ha afeado su conducta son los ayuntamientos de Alicante, Cuenca, Villapalacios y Yeste (Albacete), Gozón (Asturias), Zalamea de la Serena (Badajoz), Caminomorisco (Cáceres), Castro Urdiales (Cantabria) y Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).
También están Molvizar (Granada), Hornos de Moncalvillo (La Rioja), La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León), Colmenar de Oreja y Colmenar Viejo (Madrid), Cieza y La Unión (Murcia), La Granja de San Ildefonso (Segovia), Borobia (Soria), Gerindote (Toledo) y Xirivella (Valencia).
