19 OCTUBRE 2016 /
El delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, cree que el Ayuntamiento de Castro está “trasmitiendo falta de interés en lo que a la oficina del DNI se refiere, porque nos han dicho en dos ocasiones que la intención es llevar a cabo la adecuación del local necesario, pero van pasando las fechas y no se hace”.
En declaraciones a Castro Punto Radio, ha reconocido que tiene “cierta inquietud”, ya que, “al final, se está llevando a cabo un incumplimiento del convenio firmado en su momento con el Ministerio del interior”. Acuerdo que se alcanzó “en las mejores condiciones posibles con respecto a los firmados con otras poblaciones del territorio español”, teniendo en cuenta que “por parte de la Dirección General de la Policía, caso único en España, se asumió el coste íntegro de todo el material informático necesario para expedir los documentos, cuando lo normal es que se sufrague al 50% con el Ayuntamiento correspondiente”.
Coincidiendo con la Junta Local de Seguridad celebrada en Castro a comienzos de año, el alcalde, Ángel Díaz-Munío, trasmitió a Ruiz “la disponibilidad del Consistorio para sacar adelante este asunto, pero van pasando las fechas y la obra no comienza”. El delegado del Gobierno teme que “por un abandono u olvido se pueda perder esa posibilidad de que los castreños cuenten con una oficina del DNI”.
Ha reiterado que “los trenes pasan una vez” y ese servicio podría ir a parar a otra población española. No necesariamente tendría que ser Laredo, ha dicho el delegado, al tiempo que ha asegurado que “no hay que relacionarlo porque no significa que como no se hace en Castro se vaya a hacer en Laredo. Puede darse el caso de que la Dirección General de la Policía priorice otras ciudades, pero en todo el ámbito español. Cualquiera puede pedirlo y luego hay que hacer un estudio de necesidades”.
Lo que le sorprende a Samuel Ruiz es que el equipo de Gobierno se escude en un decisión del interventor a la hora de hacer una modificación de crédito o esperar a la aprobación del presupuesto de 2017, cuando esa partida de 93.000 euros para acondicionar el local “ya existía el año pasado y se modificó el presupuesto para pasar esa cantidad a otras partidas que el Ayuntamiento consideraba prioritarias”.
Con respecto a la vigencia del convenio firmado con Interior, el delegado del Gobierno ha dejado claro que “no se puede hablar de plazos porque no tiene una fecha”, pero sí “es un tema de voluntad e intención. Si se demuestra eso, los plazos se pueden alargar pero, si no, llega un momento en el que alguien puede decir: vamos a proceder a la disolución del convenio”. Por parte de la Dirección General de la Policía, “no se ha producido eso, de momento, pero hay que tener en cuenta que deben atender a muchos municipios y la decisión se puede producir, viendo que, después de tres años, Castro no se ha movido”.
En base al convenio firmado en su momento, el Ayuntamiento aportaría el local (perfectamente acondicionado para que la oficina se ponga en marcha) y la Dirección General se encargaría de los medios humanos y de todo el material informático necesario para expedir documentos.
En la imagen, local de la calle Cayetano Tueros que el Ayuntamiento cedió para la oficina del DNI y que tendrá que acondicionar para tal fin.
