La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha trasladado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el «malestar expresado por la flota pesquera cántabra» tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las nuevas disposiciones que modifican el reglamento de control a nivel europeo.
En concreto, la consejera María Jesús Susinos ha hecho llegar al Ministerio «la preocupación del sector por dos de las nuevas obligaciones recogidas en esta normativa: la comunicación de la entrada a puerto con una antelación de hasta cuatro horas y la obligación de declarar desde el kilo cero todas las especies capturadas».
Desde el Gobierno de Cantabria se respalda la posición de la flota pesquera y se comparten las modificaciones propuestas por el propio sector, al considerar que «la aplicación actual del reglamento puede tener consecuencias negativas no solo para los pescadores, sino también para el conjunto de la cadena productiva, incluyendo al sector comprador de pescado fresco y a la industria conservera».
Asimismo, la Consejería advierte de que «estas nuevas exigencias suponen un incremento de la burocracia, generan inseguridad operativa y conllevan un aumento de los costes, especialmente en lo relativo al consumo de gasoil, al obligar a los buques a permanecer inactivos durante varias horas con el motor en funcionamiento antes de su entrada a puerto».
Susinos confía en que las reuniones previstas en los próximos días a nivel estatal «permitan alcanzar un resultado menos restrictivo que el actualmente en vigor, atendiendo a la realidad del sector pesquero y garantizando un equilibrio entre el control de la actividad y la viabilidad económica de la flota».
Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria «quiere dejar constancia pública de su apoyo al sector pesquero cántabro y de su compromiso de seguir defendiendo sus intereses ante las administraciones competentes».
