Pocas respuestas desde la Consejería de Industria a la interpelación de Vox en el pleno del Parlamento de Cantabria esta tarde relativa a las actuaciones del ejecutivo regional para desarrollar el polígono de Vallegón II, esto es, la ampliación inaugurada hace dos años, vacía y cerrada a día de hoy, con una inversión de 6 millones de euros.
La diputada de Vox, Natividad Pérez, realizaba en su pregunta un recorrido sobre la historia de esta nueva área industrial en Castro, recordando que había una empresa, en concreto una compañía que forma parte de un grupo especializado de inversión, gestión y promoción de activos inmobiliarios, que suscribió un contrato de opción de compra de la totalidad del terreno con el gobierno anterior presidido por Miguel Ángel Revilla el 24 de mayo de 2023.
“El plazo para ejercer dicha compra era de 8 meses a contar desde el 13 de junio, finalizando el 13 de febrero de 2024 y se firmaría la escritura antes del 13 de abril de este año”, recordaba la diputada de Vox. “La realidad es que el 13 de febrero venció el plazo, sin embargo, nos encontramos con un conflicto jurídico debido a la falta de concreción de la fecha de partida para empezar a contabilizar el plazo de los ocho meses, motivo por el que el consejero tuvo que firmar un nuevo contrato de opción de compra el 22 de diciembre de 2023, ya que de no hacerlo así se podría producir un litigio que durara años”.
Natividad Pérez preguntaba al consejero de Industria, Eduardo Arasti si fue “un plazo excesivo, el de ocho meses, para esa opción de compra”, a lo que añadía las siguientes cuestiones: “¿no cree usted que esto es una estrategia del comprador para ganar tiempo mientras busca un inversor? ¿Cómo es posible que el contrato inicial no tuviese una fecha asociada que computase el inicio del periodo ni la fecha efectiva de vencimiento de la opción de compra? ¿Cómo es posible que los técnicos del gobierno no se dieran cuenta de que algo tan elemental en un contrato, como son los plazos, no estuviesen reflejados? Es una operación un poco chapucera”, sentenciaba.
En su respuesta, el consejero afirmaba cómo “tras el cambio de gobierno, nos encontramos con una decisión que no compartimos, creemos que es desacertada, creemos que cuando un gobierno construye un polígono no es para venderlo de inmediato a un solo comprador, incluso antes de ser recibido por el ayuntamiento, sino para comercializarlo atendiendo el interés general de Cantabria, y no el particular de una empresa. Y se entiende menos cuando en esta región apenas hay suelo industrial”.
Arasti reconocía que en el contrato inicial, firmado por el anterior gobierno, “hay un plazo de 8 meses para formalizar la opción de compa, pero que no concreta el punto de origen. En el Consejo de Administración de SICAN (la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria) del 22 de diciembre de 2023 se dio cuenta del informe jurídico que solicitamos y en base al mismo, se aprobó una nueva firma del contrato, que se materializó ese mismo 22 de diciembre. Ello supone que la empresa tiene de plazo hasta el 22 de agosto para ejercitar la opción de compra, y dos meses más para formalizar el contrato de compraventa, momento en el que tendría que pagar el 25% del precio total más el IVA, es decir, 5.114.263 euros”.
“Si esa empresa no ejerciera esa opción de compra, sería SICAN quien comercializara el polígono, y si lo ejerciera, la empresa sería la dueña del terreno y estaría obligada a llevar a cabo las acciones comprometidas en su oferta”.
En su réplica, la diputada de Vox, Natividad Pérez, resumía que “tenemos un suelo de gestión publica confiscado durante dos años, y aunque saliera adelante esta opción de compra nos iríamos hasta 2028, según los plazos del propio contrato: 24 meses para empezar la obras, 9 meses de tramitación de la licencia de obra, 40 meses para la edificación de las naves y 8 meses para obtener la licencia de primera ocupación. Estamos atrapados ahí”.
Además, según Vox, “hay una pérdida total de control sobre las empresas que en el futuro se instalarán. Cuando se decidió vender la totalidad del parque a un solo comprador, ¿no se tuvo esto en cuenta o se primó desentenderse de la gestión directa del polígono? Vallegón es un caso emblemático de las dificultades en planificación y ejecución de proyectos industriales en Cantabria, marcados por promesas incumplidas, desafíos administrativos ilegales y un llamamiento a revisar las estrategias para un desarrollo efectivo”.
Concluía la diputada de Vox: “No me ha respondido qué planes tiene si la empresa desiste del proyecto, si tiene usted alguno, o simplemente espera a lo que ellos digan, pero algo más tenderemos que tener”.
