29 SEPTIEMBRE 2015 /
Tras conocer ayer el proceso de cobro de la tasa municipal por los servicios prestados por los Bomberos, hoy hemos hecho lo propio con aquellas tareas que realiza la Policía Local y que requieren también del pago de una cantidad que viene recogida en un Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento.
El jefe de la Policía, Domingo Lázaro García, ha explicado que este documento “establece unos precios que calculan el coste de un servicio público que alguien requiere por su interés particular”. Es decir, “hay una serie de servicios que prestan los agentes y que son para el aprovechamiento particular, por lo que en su día, el Ayuntamiento decidió que había que cobrarlos ya que no es una competencia directa de la Policía ni un servicio que haya que exigir al cuerpo al no tener que ver con la seguridad o la vigilancia del trafico”.
Como ha señalado Lázaro García, las tareas más frecuentes que requieren del pago de esa tasa tienen que ver con los informes que hace la Policía en relación con accidentes leves de tráfico. “Si hacemos un informe en el que se describe cómo se ha producido el suceso, hace una pequeña investigación y unas conclusiones de quien es el responsable y luego hay una compañía de seguros que requiere ese informe, tiene que pagar una tasa porque es un servicio que han hecho los agentes cuando le ha ahorrado la investigación al perito de la compañía”.
Hay más casos. Entre otros, si se emite una tarjeta de armas o un vecino solicita que se le reserve un espacio para aparcar un camión de mudanzas, “la policía hace un trabajo que es de interés particular y se cobra”.
Por el contrario, Lázaro García ha calificado de “leyenda urbana extendida” el comentario que “yo he oído” de que “hay gente que piensa que si solicita una inspección sonométrica porque hay un vecino o un establecimiento que hace demasiado ruido, se le va a cobrar por ese servicio”. No es así porque “cuando se trata de verificar el cumplimiento de una ordenanza, no se requiere pago alguno, aunque una vez en el lugar la medición esté por debajo de los decibelios máximos permitidos”.
Cabria la posibilidad de que “haya un vecino que constantemente esté llamando y en sucesivas ocasiones dé negativo. En ese caso, se le advierte de que está requiriendo el servicio de manera superflua y serían situaciones a valorar”.
Lo que sí supondría un coste, y así se recoge en la ordenanza, es la solicitud de una medición por parte de un establecimiento que quiera abrir y modificar su licencia. Necesita ese control sonoro para su memoria técnica y tendría que pagar “porque hay un interés particular”.
Para terminar, ha asegurado que “por lo que yo sé, en la ordenanza no se recoge un cobro extra en la Juntas Vecinales. No estoy seguro pero creo que no figura nada de eso”.
