21 NOVIEMBRE 2016 /
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que condena al Ayuntamiento de Castro Urdiales a pagar 5.161.458 euros, hay dos salidas para el consistorio castreño: acudir en recurso de casación al Tribunal Supremo o pagar esa cantidad.
La decisión se tomará este jueves, en una reunión que mantendrá el equipo de Gobierno con “Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza”, el despacho de abogados que se contrató la pasada legislatura para defender al Ayuntamiento en este proceso.
Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el alcalde, Ángel Díaz-Munío, que reconocía, como escenario muy probable, pagar esa cantidad a la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas: “si no vamos al Tribunal Supremo, es un hecho que tendremos que pagar a Ascan, y que, por lo menos no vaya a más, o que por lo menos tengamos hechos concretos que desmonten los argumentos de la concesionaria de que estamos provocando por nuestra causa un desequilibrio aún mayor del realizado hasta ahora”, decía el regidor castreño.
Y es que, tal y como recordaba el alcalde, la sentencia actual que condena al Ayuntamiento se refiere al periodo 2007-2013, y el desequilibrio sigue existiendo hasta este momento: “tenemos un riesgo bastante probable de que nos reclamen también el desequilibrio de 2013 a 2016, y si no lo arreglamos, puede seguir persistiendo, y estar en manos de Ascan volver a reclamar, con lo que estaríamos abiertos a otro procedimiento judicial, que yo por mi parte, no deseo”. Advertía también Ángel Díaz-Munío de otro riesgo: “que el Tribunal Supremo no nos dé la razón, con las costas judiciales que supone”.
Por ello, el alcalde aboga por negociar con Ascan modificaciones en el contrato del agua que no aumenten el desequilibrio: “el contrato prevé cambios, y eso habrá que investigarlo. Habrá que tener conversaciones con Ascan para modificarlo”.
Para Díaz-Munío, la llamada ‘Mesa del Agua’, “no ha sido el instrumento válido para hacer el seguimiento del contrato, básicamente por dos motivos: por el número excesivo de personas que la integraban y porque en la Mesa estaban las dos partes, el contratista y el Ayuntamiento”.
Por ello, este equipo de Gobierno creó un ‘grupo de trabajo’ integrado por técnicos y políticos, con la idea de hacer un seguimiento del contrato, un grupo que se ha reunido seis veces en esta legislatura, lo que no ha evitado que continúe el riesgo de desequilibrio denunciado por Ascan.
Los efectos de la sentencia crean una situación “indeseable para todos”, según el alcalde, para el que el trabajo del equipo de Gobierno tiene que ir encaminado a “minimizar sus efectos, no solo por el pago de la sentencia, sino también por las sucesivas reclamaciones que pueda haber, ya que siguen existiendo las mismas causas, que a juicio de los tribunales, causan el desequilibrio”.
Este pago de más de 5.100.000 euros, en un presupuesto municipal de 33 millones al año, “afectará sin duda a los ciudadanos, ya que en la medida que reduzcamos el presupuesto para pagar la sentencia, quedará menos dinero para obligaciones que tiene al ayuntamiento con los ciudadanos. Este pago afectará a la capacidad de hacer cosas, de invertir, pero nuestra misión debe ser intentar minimizarlo”.
Según el alcalde, se verán afectadas “todas las partidas de gasto municipal, pero dependerá de la estrategia que establezcamos de cara a Ascan: tendremos que atacar las causas que nos han llevado al desequilibrio”, esto es, las inversiones realizadas en agua y saneamiento, el incremento de la recaudación ejecutiva, la mejora de la red de agua o la reducción de costes: “tendremos que tratar con la adjudicataria como hacer estas correcciones, y de ahí saldrá en qué partidas deberemos intervenir, tanto por que haya que hacer o por que no haya que hacer, aparte del impacto que en la cuenta general tendrá este pago”.
Independientemente de que esta sentencia se recurra en casación al Supremo, la forma de parar la ejecución del pago vendrá del recurso que el Ayuntamiento presente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es “donde podamos pedir un aplazamiento o fraccionamiento del pago, al no poder afrontarlo íntegramente. Intentaremos acordarlo con Ascan, ojala lleguemos a un acuerdo”, concluía Ángel Díaz-Munío.
