10 JUNIO 2015 /
La nueva titular del juzgado de Instrucción Número 2 de Castro, María José Ruiz, tan sólo tendrá que cerrar el caso relacionado con el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, donde está imputado el exconsejero Vicente Mediavilla, después de que Acayro haya concluido la instrucción de los otros dos casos antes de dejar el puesto en Castro para ocupar su plaza en Santander, en el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo Número 2.
Un día antes de cesar de su cargo, emitía dos autos de transformación en procedimiento abreviado relacionados con el ‘caso de los sobresueldos’ y el desarrollo urbanístico del APD-2 de Cotolino. Ahora estos dos asuntos podrán ser recurridos ante el Juzgado castreño en reforma, o en apelación ante la Audiencia Provincial.
Acayro concede 10 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que presenten escrito de acusación. Una vez se resuelvan los recursos, si se presentara alguno, la nueva jueza podrá acordar la apertura de juicio oral y remitir ambos casos a Santander para que sean juzgados.
En el ‘caso de los sobresueldos’ están imputados los tres últimos alcaldes de Castro (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González), junto a otras once personas, entre expolíticos y funcionarios. Acayro asegura que el Ayuntamiento de Castro “se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna”.
Respecto al caso que afecta al desarrollo urbanístico del APD-2, en el que están imputadas 12 personas, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, Acayro sostiene que se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, “sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias”.
En la imagen, a la derecha, el juez Acayro junto a Mediavilla en una visita de este último a los Juzgados castreños cuando era consejero de Justicia.
