23 NOVIEMBRE 2016 /
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre el juicio del caso Trapur, en el que están acusados los exconcejales de Castro Urdiales José Miguel Rodríguez y Elisa Dopico y la funcionaria Iciar Muruaga, por la presunta adjudicación a dedo del contrato de limpieza y desratización a la empresa Trapur.
El juicio se ha aplazado en varias ocasiones, las dos últimas en febrero y junio de este año. En él se tratará de dilucidar si los exconcejales Dopico y Rodríguez, a los que la Fiscalía acusa de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, se valieron de su cargo para favorecer a la empresa de Pedro Llamas, compañero suyo en el PP, en las contrataciones.
Según el informe del fiscal, consultado por Europa Press, en junio de 2003, tras la elección de Murugura como alcalde al frente de la coalición PRC-PP, Dopico dio orden de que los servicios de desratización se encomendaran exclusivamente a Trapur. Servicios que se prestaban “de forma seccionada para eludir el procedimiento administrativo de contratación”.
En dos años y medio -desde el semestre de 2003 hasta 2005- la empresa giró al Ayuntamiento facturas por importe superior a 272.000 euros, y obtuvo un beneficio de más de 211.000 euros, tal como sostiene el fiscal, que también asegura que en febrero de 2004 la concejala recibió de Trapur un cheque de 1.000 euros “en concepto de obsequio o contraprestación por las continuas adjudicaciones”.
Cuando a finales de 2005 el Ayuntamiento sacó a concurso el contrato, tras un aviso de ilegalidad de la Intervención, Rodríguez López y la técnico municipal de Sanidad “atribuyeron a Trapur la mejor puntuación dirigida a favorecer la contratación del servicio”.
El contrato adjudicado a Trapur, de dos años prorrogables por un máximo de cuatro, entró en vigor en abril de 2006, con un importe anual de 110.000 euros IVA incluido, y en marzo de 2008 Dopico lo prorrogó por un año más.
Dopico se enfrenta a dos años y un mes de prisión, 27 años de inhabilitación y un multa de 203.000 euros por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito continuado de prevaricación.
Para Rodríguez López el fiscal pide diez meses de prisión, 15 años de inhabilitación y multa de 200.000 euros por tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación; y para la exveterinaria municipal, siete años de inhabilitación por prevaricación.
Este juicio comenzó a celebrarse en junio de 2011 pero se suspendió indefinidamente por distintas cuestiones de procedimiento y defectos de forma en la instrucción realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, del que era entonces titular el magistrado Luis Acayro Sánchez.
El exalcalde Fernando Muguruza fue desimputado porque la Fiscalía no presentó acusación contra él y el exinterventor municipal Fernando Urruticochea –única parte que le acusaba– no ingresó la fianza necesaria para poder personarse como acusación popular (3.000 euros), por lo que fue expulsado del proceso.
Además, la Audiencia declaró prescrito el delito de cohecho por el que se imputaba al empresario Pedro Llamas, administrador de la empresa Trapur y compañero de partido de Rodríguez y Dopico, al haber transcurrido cinco años entre los hechos investigados y la solicitud de su primera declaración.
Asimismo, ordenó retrotraer la causa hasta una de las fases anteriores, la del fin de la investigación en enero de 2010 (cuando se dicta el auto de procedimiento abreviado) en lo que concierne a la exconcejala Elisa Dopico, al entender que se había vulnerado su derecho de defensa al darle traslado de las actuaciones con un año de retraso.
