16 SEPTIEMBRE 2016 /
La Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel para el que fue jefe de electricistas del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Vicente Korta, y su mujer, acusados de delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa, por el supuesto pago en contratos fraccionados de cerca de 300.000 euros a la empresa que ambos tenían.
En el auto de apertura del juicio oral, el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro resume los hechos en el desvío de fondos públicos por parte de esta pareja “mediante la facturación fraudulenta y simulada de suministros eléctricos al Ayuntamiento de Castro Urdiales, aprovechando precisamente la condición de jefe de electricistas del marido quien, supuestamente, actuó con la cooperación necesaria de su cónyuge”.
Los hechos se remontan a finales de los años noventa y principios de 2000, siendo alcalde Rufino Díaz Helguera. La investigación se inició por el pago de unos 300.000 euros desde el Ayuntamiento de Castro a la empresa del electricista y su mujer en concepto de suministros eléctricos.
Tras las investigaciones efectuadas “no consta que haya expediente administrativo para la contratación de esos suministros que se facturaron”, y según el auto de la Audiencia de Cantabria que rechazó los recursos de los acusados, la cantidad que se pagó sería de 376.000 euros. La Audiencia añadía que hubo treinta reparos desde Intervención, por defectos en la tramitación de los pagos.
La Fiscalía acusa a los dos acusados de delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa, y solicita la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y multa de 5.400 euros.
A Korta, el Ministerio Fiscal también le atribuye un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, con pena de multa de 4.050 euros y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años. Pide también una indemnización al Ayuntamiento de Castro en concepto de responsabilidad civil, de 296.332 euros, más el interés legal.
El consistorio castreño ha presentado un escrito de acusación en los mismos términos que la Fiscalía.
El auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales, requiere a los acusados una fianza de 296.000 euros, para asegurar las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso.
En este proceso también estuvieron investigados el exalcalde Rufino Díaz Helguera y el edil Pedro Olano, pero las actuaciones fueron sobreseías y se archivaron en ambos casos.
