28 MAYO 2015 /
El Juzgado número 2 de Castro Urdiales ha hecho público el Auto de Apertura de Juicio Oral por el Caso La Loma, del que informamos a principios de esta semana, y contra el que no cabe recurso.
En el auto, de 85 páginas, el magistrado Luis Acayro Sánchez indica que “de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprenden múltiples indicios de delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, de delitos contra la ordenación del territorio, de delitos de falsedad de documento público, de delitos de cohecho, de delitos de estafa, de delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos y de delito de desobediencia a la autoridad”.
Continúa el juez: “Todos ellos en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en el desarrollo urbanístico de la zona conocida como ‘La Loma’ en el municipio de Castro Urdiales, que permiten concluir, provisionalmente, que dicho desarrollo ha sido gestionado a criterio y voluntad de los responsables municipales, técnicos y promotores mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística, así como de la manipulación de los expedientes urbanísticos que ha lucrado a los mismos, al tiempo que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio municipal, a la Administración General del Estado, a la Junta Vecinal de Santullán y a los particulares que han adquirido viviendas viciadas de graves ilegalidades urbanísticas”.
Además de imputar diversos delitos a 46 personas, el juez establece una serie de fianzas. a depositar en el plazo de un día, a 28 de ellos (9 expolíticos, 7 técnicos y 12 promotores), para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de las multas solicitadas.
Para los 9 políticos encausados, las fianzas oscilan entre los 165.000 y los 12.000 euros, aunque la mayor parte tiene que afrontar 21.000 euros de fianza.
Al exarquitecto municipal Pedro Restegui, el juez Acayro solicita la mayor de las fianzas, 1.821.000 euros, al exsecretario municipal César Saiz le solicita 1.100.000 euros. A los técnicos Yolanda Sánchez, 452.000 euros, y a Javier Leonardo 380.000 euros.
Además de esas fianzas individuales, el juez instructor hace a muchos de los imputados responsables civiles solidarios, junto a autoridades y funcionarios, por importe de cantidades millonarias, de las que el Ayuntamiento es “responsable civil subsidiario” por importe de algo más de 53 millones de euros.
En cuanto al Ayuntamiento de Castro Urdiales, el Auto recoge como el consistorio “ha presentado escrito en calidad de actor civil y ha solicitado que se le considere perjudicado en lugar de responsable civil. No obstante, no puede atenderse dicha petición por sus propios argumentos. Es decir, el propio Ayuntamiento reconoce que no se puede ser perjudicado y responsable civil subsidiario en el mismo procedimiento, y tiene razón. Por eso le corresponde asumir la posición procesal que le atribuye con carácter prioritario la Ley de Enjuciamiento, como es la condición de responsable civil subsidiario frente a terceros que se derive de los hechos por los que se acusa a las autoridades y técnicos que han desempeñado sus funciones en el Ayuntamiento”, refleja el Auto.
Respecto a los perjuicios ocasionados al propio Ayuntamiento, “gran parte del perjuicio ocasionado ha sido por no haber recibido la totalidad de las cesiones de suelo y aprovechamiento público que debía percibir y que han sido valorados en 9.380.406 euros”, según indica el magistrado.
En la misma situación se encontraría la Administración General del
Estado (Demarcación de Carreteras) y la Junta Vecinal de Santullán, ya que, de prosperar las acusaciones y la demolición solicitada de la urbanización de chalets ubicada en la entrada de Santullán desde La Loma, se recuperarían los terrenos vecinales de la Junta valorados en 204.094 euros y que son de su titularidad, así como los del Estado.
Por otro lado, el Auto rebaja las medidas cautelares impuestas con anterioridad al exalcalde Fernando Muguruza, que ya no tendrá que comparecer periódicamente en los Juzgados, salvo cuando sea llamado.
Recordemos que el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación 196 años de cárcel para los 46 imputados, a quienes acusa de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. Las penas más elevadas las pide para el exarquitecto municipal Pedro Restegui, con 12 años de cárcel, misma cantidad que para Rufino Díaz Helguera. Para el exalcalde Fernando Muguruza, 11 años de prisión, mientras que para el exconcejal Salvador Hierro, 8.
Además de penas de cárcel, el fiscal solicita multas para muchos de los imputados, que ascienden en total a varios millones de euros, e inhabilitaciones para empleo o cargo público, como lo que pide para el todavía secretario general de los socialistas castreños, Daniel Rivas, que tendrá que dimitir en las próximas horas, según impone el Código Ético del PSOE.
En la imagen, el juez Luis Acayro Sánchez visitando la zona de La Loma, en plena fase de instrucción.
