9 DICIEMBRE 2016 /
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria acoger, a partir del martes, la sesiones del juicio contra los exalcalde de Mioño y Lusa (Víctor Echevarría y Antonio Alijo respectivamente) a raíz de la acusación particular que ejerce la UTE Dícido, adjudicataria del aprovechamiento de unos terrenos en esas juntas vecinales.
En su escrito de acusación, la UTE considera que el arrendamiento de unos terrenos en los que antiguamente existió una explotación minera para extraer y aprovechar los restos minerales aún existentes que la UTE ganó, resulta un contrato de imposible ejecución y cumplimiento. Sostiene, del mismo modo, que los dos representantes públicos conocían esa imposibilidad y lo ocultaron.
Según su versión, los acusados idearon un modo de estafar a la UTE y apropiarse ilegítimamente de 1,2 millones de euros, para ingresarlo primero en cuentas bancarias de las Juntas y, después, hacerlo desaparecer.
La acusación particular considera estos hechos un delito de estafa, otro de prevaricación administrativa, otro de coacciones y otro de malversación de fondos públicos.
Por ello, solicita siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público para el pedáneo de Mioño, y diez años de prisión y quince de inhabilitación para cargo público para el de Lusa.
Por su parte, el ministerio público no acusa dado que considera que no se ha acreditado que los alcaldes infringieran de forma palmaria el ordenamiento con el fin de perjudicar injustamente a la UTE.
Entiende el fiscal que el contrato de arrendamiento de los terrenos no ha sido un artificio para el fraude, y lo que ha existido ha sido una discrepancia contractual que debe dirimirse en la vía civil.
Tampoco considera acreditado que los alcaldes se hayan apropiado de dinero público alguno.
Recordamos que este juicio se suspendió a finales del pasado mes de enero después de que los abogados de Echevarría y Alijo presentaran a la Audiencia un escrito en el que indicaba la existencia de un pre-acuerdo extrajudicial, entendiendo necesario ” disponer de unos meses para articular los términos del acuerdo y poner la práctica, en su caso, del mismo”.
Por entonces, el pasado mes de enero, se trasladó que el acuerdo se estaba y que como líneas maestras suponía que la UTE Dícido volvería a ser propietaria del contrato que se rescindió, en el que las dos juntas vecinales recibirían 3 millones de euros a partes iguales durante su periodo de vigencia, esto es, cinco años con opción a prórroga sin que supere los 20 años.
A cambio, se retirarían todas las acciones judiciales que se habían emprendido contra los exalcaldes.
Parece ser que ese acuerdo no ha llegado, finalmente, a buen puerto, por lo que se retoma el juicio, que comienza el martes a las 10:00 horas y se prolongará también el miércoles y el jueves.
En la imagen, Alijo y Echevarría en su toma de posesión como alcaldes pedáneos en 2011.
