1 DICIEMBRE 2016 /
Además de los puntos más trascendentes, relativos a la OCA y las Juntas Vecinales, de los que ya informamos el martes, el Pleno ordinario del mes de noviembre también trato el asunto que tenía que ver con dar respuesta a la reclamación de revisión del precio del contrato que hace al Ayuntamiento la UTE que se encarga de la limpieza en el municipio. Se aprobó, con las únicas abstenciones del PP y MásCastro /AAV.
Como recordó el concejal de CastroVerde, Eduardo Amor, la empresa viene haciendo reclamaciones desde noviembre del año 2011, pero a comienzos de este 2016, esa petición se ha incrementado hasta 1.340.000 euros. Decía el edil que “hemos tratado de acercar posturas”, pero siempre “guiándonos por lo que dicen los técnicos municipales”. En base a eso, “queda plasmada la diferencia de criterio entre lo que reclama la UTE y la cifra que defiende el Ayuntamiento y que asciende a 15.600 euros, según ha establecido el interventor con la Ley en la mano”.
A juicio de la UTE, como así explicó Amor, “el Consistorio no ha tenido en cuenta los aumentos del IPC anuales desde 2011″, un año después de firmarse el contrato. Sin embargo, en base a lo informado por el interventor, esa reclamación no cabe hasta agosto de 2013 “porque no se daba hasta esa fecha el cumplimiento de un 20% del contrato”.
Entiende Amor que “seguramente habrá un Contencioso y en él constará la respuesta formal que el Ayuntamiento hace a esa reclamación”.
En la misma línea, el socialista Vicente Santamaría, puso el acento en la “profunda diferencia de criterios” entre la UTE y el Ayuntamiento. Quiso diferenciar entre las revisiones periódicas del IPC, que se hacen una vez vencido un 20% del contrato, y la actualización de precios “que se produce de forma previa a la firma del contrato. Reclamar a posteriori, no tiene objeto porque el contratista no solicitó esa actualización” a la firma de un contrato que se adjudicó en 2007 pero que no se formalizó, debido a alegaciones y otros pleitos, hasta 2010.
Los partidos de la oposición coincidieron a la hora de asegurar que la reclamación de la UTE es “desmesurada” y confían en que el Contencioso dé la razón al Ayuntamiento. El regionalista Jesús Gutiérrez añadió que “hay que contestar a la empresa y, la mejor forma de blindarnos ante el Contencioso, es lo que estamos votando hoy aquí”.
MOCIÓN EN CONTRA DE LA ‘LEY MONTORO’
También se aprobó, con los votos a favor del equipo de Gobierno, el voto en contra del PP y las abstenciones de PRC y MásCastro, la moción de CastroVerde apoyando una proposición de Ley, presentada antes el Congreso de los Diputados, para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local. Como explicó Elena García (CV) “esta proposición de Ley supone la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración”, impulsada por el ministro Montoro. La formación ecologista comparte que se aplique esta normativa para evitar gastos injustificados en aquellos ayuntamientos en los que los haya pero, “no que bajo este paraguas se amparen decisiones injustas”.
A esto, la edil popular, Ana Urrestarazu, defendió que “luego es a esta Ley a la que nos agarramos para decidir algunas cosas, como la reducción del gasto político o la eliminación de los cargos de confianza y las duplicidades en la Administración”. Cree el PP que el equipo de Gobierno “debería estar a favor” porque “gracias a esas limitaciones, las cuentas están saneadas”.
A esto, Elena García dejó claro que “nosotros no necesitábamos esa Ley para reducir el gasto político”.
EL AYUNTAMIENTO NO RECURRIRÁ EL AUTO DE ONTÓN
A preguntas del edil de MásCastro, Demetrio García, en el apartado de ruegos y preguntas, el alcalde confirmó no se va a recurrir el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, que suspende la resolución del Ayuntamiento de Castro Urdiales que ordenaba a la Junta Vecinal de Ontón el reintegro de 232.901,64 euros, más intereses, a cuenta de la devolución de la ayuda entregada en 2009 a cambio de la cesión de las infraestructuras del agua.
