El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha aprobado el proyecto de expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la junta de compensación del sector 2 del SUNP-3, en el alto de La Loma, con los votos a favor del PSOE, PP, Castro Verde y Podemos y las abstenciones del PRC y Ciudadanos.
Por otra parte, también se ha aprobado, en este caso por unanimidad, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 6.10 de la tasa por expedición de documentos.
El concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, ha comenzado exponiendo el primero de los dos puntos, el proyecto de expropiación forzosa del alto de La Loma: “Es un trámite reglado. Cuando hay un plan de expropiación debe haber una compensación para continuar con el desarrollo del Plan Parcial”. Amor ha explicado que “había una serie de propietarios que seguramente no se pudieron adherir a la junta de compensación porque cuando se formó, no estaría clara la titularidad de alguna de estas fincas. Ya aprobamos inicialmente la expropiación señalando las fincas afectadas, un total de cuatro. Tan solo hubo una única alegación, de una solicitante que pide que se la tenga en cuenta porque no consta como propietaria, pero sí en el catastro. El técnico jurídico ha tenido en cuenta esta alegación. Si los propietarios no llegaran a un acuerdo en la oferta que se les hiciera, se elevaría al Jurado de Expropiación. Es un trámite para poder desarrollar este Plan Parcial y procede la aprobación”.
El PSOE, a través de Gorka Linaza, y Jorge Cueto por parte del PP aceptaban lo expuesto por el concejal del área respecto a la aprobación de la expropiación. Sin embargo, Carla Urabayen, que se abstendría en la votación junto a Ciudadanos, advertía de que “es un asunto importante como es una expropiación forzosa, hay que tratarlo con el máximo rigor político y administrativo para evitar situaciones de indefensión”. Y remarcaba que “queremos dejar claro que todo desarrollo urbanístico debe ser coherente con sus consecuencias futuras, con el entorno y con los vecinos”.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 6.10 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Este punto arrancaba con la exposición de la concejala de Hacienda, la socialista Alba Muro, quien defendía que “la propuesta cuenta con todos los informes, tanto técnicos como jurídicos aprobados”. Replicaba el representante del PP Jorge Cueto, quien quería “dejar claro” que a su grupo no le gusta “subir tasas a familias y autónomos. Antes de pedir un mayor esfuerzo a los vecinos, debemos garantizar una gestión, eficaz, responsable y austera de recursos públicos”. Pero a continuación Cueto añadía lo siguiente: “También debemos ser honestos con la realidad económica del Ayuntamiento. Las tasas que hoy se plantean actualizar no cubren el coste real de los servicios, que se están financiando de forma deficitaria. Gobernar implica tomar decisiones complicadas aunque no sean populares. Por lo tanto, aunque no nos guste subir las tasas, entendemos que responde a una razón de sostenibilidad financiera”.
Eduardo Amor, de Castro Verde, respondía al representante del PP que “estas tasas son para quienes usen el servicio, no para la totalidad de la ciudadanía. En este grupo estamos de acuerdo en que entre todos se cubra lo de unos pocos en asuntos como la Sanidad. Pero la subida de tasas implica que pague más quien use estos servicios, que no son indispensables, no todos”, e insistía en que “no es lo mismo pagar la sanidad pública aunque nosotros nunca nos pongamos enfermos”.
A continuación, Carla Urabayen, del PRC, expresaba que “este grupo municipal no va a cuestionar el informe técnico que justifica las nuevas tarifas. Lo que sorprende es traer a debate cuestiones legítimas y necesarias, pero que tienen un contenido político prácticamente inexistente. Estamos justificando unas tarifas porque se ha comprado un equipo nuevo y esto es gestión ordinaria, tramitación técnica, un ajuste derivado de una inversión completa. Nosotros nos preguntamos si este es el nivel de debate político que el pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales se merece. Este debería ser el espacio de discusión de grandes cuestiones que marquen el rumbo del municipio: el modelo de ciudad, las prioridades de inversión, la situación económica real del Ayuntamiento, el Plan General o la seguridad del municipio. Pero las propuestas nunca terminan de llegar”.
Esta reclamación de Carla Urabayen encontraba su réplica en Eduardo Amor, quien explicaba que “este mes ha sido corto, pero el pleno de finales de enero nos tuvo aquí hasta las 3 de la tarde”. Asimismo, añadía que “podemos debatir muchos asuntos, pero después de aprobarlos hay que hacer unos trámites que la oposición no conoce. Yo también he estado en la oposición: son libres de traer los temas que quieran”.
Urabayen matizaba que “no me refiero solo a este pleno, sino a la totalidad de la legislatura. Desde el inicio, han faltado contenidos políticos de fondo que transformen nuestra ciudad”. Sin embargo, también la alcaldesa, Susana Herrán, quiso replicar lo expuesto por la representante del PRC: “Lo que no viene al pleno no quiere decir que no se esté trabajando. Hay veces que traemos 15 puntos, otras cuatro; pero solo son los que requieren de acuerdo plenario. Pero si nos vamos a los decretos de alcaldía, podéis ver que hay 2.000 al mes, lo cual quiere decir que este equipo de gobierno está trabajando”.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2026
Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero. Leticia Mejías (CV) ha manifestado “que se tiende a pensar que las enfermedades raras son anecdóticas”, y ha añadido que “aunque no exista un dato municipal, podemos estimar que en Castro Urdiales hay unas 2.600 familias en las que algunos de sus miembros padecen una, haciendo una extrapolación de los datos nacionales”.
En esta línea, Carla Urabayen explicaba que “afecta individualmente a las personas, pero es una realidad que llega a millones de familias. Hay mucha incertidumbre, soledad y costes para ellas: no debemos cesar de ayudarlas y debemos destinar recursos”.
Alberto Martínez, de Podemos, ha señalado que “indudablemente compartimos el espíritu de esta declaración institucional”, pero lamentaba que “no tenga un destinatario claro. El Gobierno de España y el de Cantabria son quienes tienen competencia para actuar al respecto”, a lo que la alcaldesa replicaba que “hemos optado por la declaración institucional y por la visibilización en redes sociales, pero no es una moción”.
