El expediente de modificación presupuestaria (por importe de 402.580 euros) del Ayuntamiento de Castro Urdiales mediante créditos extraordinarios se ha aprobado en el pleno de hoy con los votos a favor de PSOE, CV y Cs y en contra de PP, PRC y Vox.
Se trata de suplementos de crédito para gastos de gestión del sistema de préstamo de bicicletas públicas, para el mantenimiento de nueva rampa mecánica de Santa Catalina, para gastos del Plan Especial de Reforma Interior de Brazomar, para una nueva valoración de puestos de trabajo y para más gastos en festejos.
Pablo Antuñano, concejal de Hacienda, ha explicado que estas cantidades “se financian con las bajas del crédito de las partidas que existían en el presupuesto para la amortización de la deuda pública que en 2023 cancelamos, dejándola a cero”.
Todas estas modificaciones “estarán en el nuevo presupuesto, y ahora se usan partidas que ya no tenían uso en el anterior prorrogado”.
Cristian Antuñano (PP) ha lamentado que “al equipo de Gobierno le da exactamente igual lo que la oposición diga y, por ende lo que diga la mitad de la población. Ya no sé cómo pedirles que se traigan las modificaciones de una en una y no en paquetes que obligan a votar a todo sí o no, cuando son aspectos completamente diferentes”.
En cuanto a los 50.000 euros que van para fiestas, “no nos preocupa sólo la cantidad, sino que para regular esto hay que esperar al nuevo presupuesto, que no sabemos cuándo estará”.
Eduardo Amor (CV) ha insistido en que “todas estas partidas que abordamos hoy estarían incluidas en el nuevo presupuesto, pero se traen ahora porque hacen falta de manera casi urgente y las nuevas cuentas municipales están en tramitación, pero va a llevar más tiempo”.
Ha añadido que, “de los cinco conceptos abordados, cuatro son actuaciones nuevas, muchas en licitación, y una es la de festejos que necesita 50.000 euros más porque se ha agotado la partida de este año. A este respecto, a nosotros también nos sorprende estando en febrero y tendríamos que mirar un poco más el nivel de gastos que hacemos”.
No obstante, “aunque nos parece demasiado gasto, no he oído a nadie protestar cuando se han celebrado estas fiestas y acuden a ellas. Sabemos que hay mucha gente a la que le gustan. No es una prioridad para nosotros, pero sí para nuestro socio de Gobierno y somos conscientes de que hay mucha gente que lo demanda y no podemos dejar de aprobarlo porque no nos guste”.
Ha afirmado, por otro lado, que “se han intentado separar las modificaciones de una en una y los técnicos se han negado a hacerlo dando las explicaciones oportunas en la comisión”.
La regionalista Carla Urabayen se ha referido al “estrés al que está sometido el presupuesto prorrogado de 2021, que no resiste la cantidad de modificaciones presupuestarias que ha tenido, en torno al centenar. El que debiéramos tener hoy no se parece nada al prorrogado, pero como siguen sin hacer los deberes, aquí estamos otra vez”.
Algunos de los conceptos abordados “son porque el gasto no estaba contemplado y otros porque el dinero destinado es insuficiente y hay que suplementarlo. Es el caso de festejos, por ejemplo, porque los 359.000 que había, se han agotado”.
Desde el PRC también han criticado que “son cuestiones dispares pero, sin embargo, nos obligan a votar en bloque y no nos parece justo”. Por eso, han presentado una enmienda parcial en la que “pedimos la supresión de algunos aspectos de este punto”. Se ha referido a los 46.000 euros para la redacción del Plan Especial de Brazomar “porque nunca hemos estado de acuerdo con este proyecto, aprobado inicialmente por decreto en diciembre de 2020 y que abarca una parcela privada del concejal del área en la pasada legislatura (Alejandro Fernández). Tampoco compartimos el incremento presupuestario en fiestas porque estamos en febrero y no hay partida para el resto del año. Han barrido debajo de la alfombra para tener la casa bonita de cara a unas elecciones y este año estamos pagando, por ejemplo, las luces de carnaval de 2023 y 2024”.
El PRC “no está dispuesto a consentir el despilfarro ni vamos a votar favorablemente aquellos proyectos a los que nos hemos opuesto desde el principio”.
José Mari Liendo (Ciudadanos) ha enfatizado que “el espíritu de cualquier administración es participar de decisiones que doten de los mejores servicios”. Por otro, en cuanto a las fiestas, “creo que estamos partiendo de un concepto erróneo porque el gasto puede ser una inversión en función de la rentabilidad que le saquemos y las fiestas son parte de la dinamización económica y social del municipio, además de que mantienen las tradiciones”.
Vox no se cree “esa voluntad de la que hablan de que las modificaciones vengan por separado porque para ellos es más cómodo votarlo en un solo punto teniendo mayoría absoluta”. Agustín Fernández ha hablado de “rodillo”.
En este punto ha tomado la palabra la alcaldesa, Susana Herrán, para criticar que “cuando se dan las explicaciones en las comisiones, a algunos les entra por un oído y les sale por otro. Por eso vuelvo a repetir que se ha solicitado a Intervención traerlas separadas una por una y no se ha dado el visto bueno. No es porque a este equipo de Gobierno le parezca más rentable o cómodo”.
HUERTOS URBANOS
El pleno ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la Ordenanza Reguladora de los Huertos urbanos municipales.
La concejala de Medio Ambiente, Virginia Losada (CV) ha explicado que “va a regular cualquier huerto urbano que el Consistorio implante en el municipio. Zonas de cultivo de plantas, hortalizas y plantas aromáticas con técnicas de agricultura ecológica que produzcan alimentos para consumo propio. En el documento se reflejan los requisitos para solicitarlos, situación de autorizaciones, normas de uso…”
Pablo Antuñano ha defendido que “es un primer paso del equipo de Gobierno para poner a disposición huertos que permitirán proveerse de productos cultivados para uso propio sin poder lucrarse con ellos, sólo autoabastecimiento. Un total de unas 20 parcelas en la calle San Juan que se adjudicarán en un plazo no inferior a un año y nunca superior a cinco. Cinco de ellas se pretende reserven a personas con necesidades específicas”. Ha destacado también que “se va dando uso a espacios públicos infrautilizados”.
Nora Martínez (PP) coincide en que “es un proyecto que rescata una tradición antigua de la huerta en casa que está tendiendo a desaparecer y se fomenta el uso espacios públicos para fines sociales, educativos y participativos”. No obstante “vemos un inconveniente y es el tema relacionado con el abono de las cuotas o mensualidades. Se propone un pago anual puede suponer dificultades para muchas personas. La opción de fraccionar el abono, por otro lado, favorece la economía personal de los usuarios, pero no cumple con un artículo de la propia ordenanza en cuanto que la duración de la cesión es de mínimo un año y máximo cinco. Fraccionar el pago puede dar lugar a un mal uso de la parcela, como que se utilice en verano y después se deje de hacerlo”.
El regionalista Pedro Fuste ha señalado que es una ordenanza “muy escasa que no incluye, como entendemos debería, los horarios de acceso, que irán en la licitación posterior”. También, “entiendo que las usarán, en principio, personas jubiladas y me gustaría que se les diera acceso a la licitación por medios que no sean únicamente tecnológicos”.
José Mari Liendo está “de acuerdo con el conjunto de la ordenanza, aunque puede haber ciertas carencias que entiendo que se podrán ir corrigiendo sucesivamente”.
Para Vox “es una buena iniciativa que puede servir de base”, aunque “habrá que buscar posiblemente nuevas ubicaciones porque esta zona de la calle San Juan, entiendo que debería estar sujeta a futuro un plan de recuperación arqueológica y monumental”.
El pleno ha abordado también la ordenanza fiscal ligada a esta cuestión, que del mismo modo, se ha aprobado por unanimidad.
Pablo Antuñano ha detallado que “estamos hablando de una tasa anual que se podrá pagar de forma mensual (16,50 euros), trimestral (49,50 euros) o anual (198 euros). Entendemos que no impedirá a nadie que esté interesado la posibilidad de hacerlo. Tendrán que depositar fianza de 50 euros que será devuelta al finalizar la concesión”.
Nora Martínez ha querido hacer hincapié en el abono de la cuota tributaria: “el pago debe ser anual. Por el contrario, hay opción de que no se abonen los recibos de los meses en que esos huertos no se utilicen”. A esto, Virginia Losada ha respondido que “yo me fio de lo que dicen los técnicos”.
José Mari Liendo cree que “económicamente se dan facilidades y, por tanto, no existiendo una fórmula mágica, consideramos que se tiene que empezar a andar y modificar aspectos de interés cuando sea necesario”.
Por último, desde Vox “imaginamos que los técnicos hayan postulado todos los precios posibles. No sé si es mucho o poco, pero algo hay que cobrar. El tiempo nos dirá si es necesario congelar estas tasas o incrementarlas”.
GESTIÓN CATASTRAL
Se ha abordado la suscripción de un nuevo convenio de colaboración en materia de gestión catastral entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Hacienda, en sustitución del anterior de fecha 9 de julio de 2001.
Antuñano ha explicado que “desde hace bastante tiempo se vienen realizando tareas de tramitación de distintos documentos para los ciudadanos con el Catastro del Gobierno Regional. Tras diversas reuniones con el propio Catastro, que ha realizado mejora en sus aplicaciones tecnológicas, nos proponen incluirlas para una tramitación más ágil por los trabajadores de servicios económicos y búsqueda de información para resolver dudas. No es más que una actualización para incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas”.
El punto ha salido adelante por unanimidad.
ORDENANZA DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
El pleno ha aprobado también, con la única abstención de Vox, la modificación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal número 6.1 reguladora de la Tasa por realización de determinadas Actividades Urbanísticas.
Como ha explicado Pablo Antuñano, “surge de una reclamación de un ciudadano por la segregación de un terreno en relación a que el importe de esta tasa nunca puede ser superior al catastral de la parcela segregada. Era una tasa de 1.000 euros y el valor de 600. Se estimó la reclamación y tenemos que modificar la ordenanza para incluir que en ningún caso la tasa podrá ser superior al valor catastral de la parcela segregada”.
A la sesión plenaria no ha asistido el portavoz de Podemos-IU, Alberto Martínez, y la edil popular Paula Mora.
