26 NOVIEMBRE 2015 /
Las posturas de los partidos de la oposición (PP, PRC y MásCastro-AAV) y del PSOE han coincido hoy a la hora de achacar a la “falta de voluntad política” por parte de CastroVerde el impago de la asignación municipal a las cuatro juntas vecinales (Sámano, Otañes, Ontón y Mioño) a las que el Ayuntamiento reclama la devolución del dinero que se les entregó en su momento a cambio de sus infraestructuras del agua.
En el debate político de Castro Punto Radio, la socialista Susana Herrán ha dejado claro que “a día de hoy no hay ningún informe de Intervención que diga que no se debe pagar. La propuesta de gasto está firmada y está hecha la retención de crédito, por tanto, el siguiente paso es que el alcalde dé la orden de pago”. Ha defendido que “se puede firmar ese decreto y si el interventor cree que debe poner algún reparo, que haga el informe correspondiente. Hace falta voluntad”. Y es que, entiende que las juntas deben cobrar y, tras recordar que la que se está tramitando ahora es la subvención de 2014, ha alertado de que “si no se ingresa antes del 31 de diciembre, las juntas perderán esa cantidad económica”.
En esta misma línea, Iván González (PP) cree que “si se quiere, se puede pagar y lo que pasa es que hay poca disposición política para solucionar el problema por parte de CastroVerde”. Ha hecho alusión a su tiempo como alcalde cuando “he tenido que tomar decisiones para realizar pagos, incluso cuando estaba en un limbo legal y no tenía informes positivos ni negativos”.
González ha contado también que esta misma mañana las cuatro juntas afectadas han registrado un escrito conjunto a la atención del alcalde “y que está elaborado por el secretario interventor de juntas. El alcalde si quiere puede estimar ese documento que está hecho por otro técnico, y hacer una orden para que se abonen esas cantidades. Hay que mojarse”.
La regionalista Emilia Aguirre ha mostrado su “sorpresa” porque, pese a haber una orden de gasto “no pagamos la subvención ‘ad cautelam’ y causando un perjuicio a estas pedanías. Si no existe informe desfavorable, el asunto debería llevar una tramitación normal y no esperar por si a futuro hubiera algún problema. Que el alcalde dé la orden de pago y después, la persona responsable de hacer los reparos, que los haga si lo estima necesario”. Aguirre cree que las juntas afectadas por el canon del agua padecen una “situación de indefensión atroz”.
El concejal de MásCastro-AAV, Demetrio García, ha mostrado su asombro porque “las juntas hayan cobrado en octubre la ayuda de Internet Rural y haya ahora problemas con ésta”. Entiende que la situación es “alarmante” y “según me han dicho, aunque no hay informe del interventor, si está poniendo alguna pega de forma verbal al pago de las subvenciones”.
La explicación a esta situación por parte de Elena García Lafuente (CV) es que “es un tema complejo que tiene condicionantes legales también. Si se ha reservado la partida presupuestaria, se entiende que no hay falta de voluntad política pero no podemos dar la orden a algo que no cuenta con informe que avale la legalidad”. Para terminar ha asegurado que el Ayuntamiento hará todo lo posible para solucionar este problema.
ESCUELAS MUNICIPALES:
Sobre las escuelas municipales de Danza. Música e Idiomas y la fórmula alternativa que pondrá en marcha el equipo de Gobierno para que estas actividades comiencen a funcionar en diciembre y no dependan del equilibrio presupuestario, González ha asegurado que “se está rozando la ilegalidad porque los informes técnicos no son contundentes”.
Recordamos que en el pliego de condiciones publicado por el Ayuntamiento se ofrecen las instalaciones públicas a empresas, asociaciones o particulares interesadas en desarrollar actividades de este tipo. Entiende el edil popular que “no sólo es alquilar las instalaciones sin contraprestación alguna para el Ayuntamiento, sino que hay gastos adicionales que vamos a tener que sufragar (limpieza, agua, luz, conserjes).
García Lafuente ha asegurado que “es una fórmula que ha usado el Ayuntamiento desde siempre. La clave del asunto es que hay una serie de condicionantes y pautas que marca el Consistorio, como los precios máximos. Los informes dan el visto bueno a esta fórmula”.
