En el Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales celebrado este miércoles, los votos de PSOE, Castro Verde y Podemos han impedido el debate de la moción presentada por Vox sobre el centro de menores migrantes de Mioño y «el rechazo a la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal» por parte del Gobierno de la nación.
Han votado a favor de debatir la moción el propio grupo proponente, Vox, junto al Partido Popular, el Partido Regionalista y Ciudadanos, aunque ha sido insuficiente para admitirla en el orden del día de la sesión.
Tras su rechazo, los grupos políticos PSOE, CastroVerde y Podemos han emitido un comunicado en el que afirman que «queremos trasladar a la ciudadanía nuestra posición conjunta ante la reciente negativa a debatir en el pleno una moción relativa al centro de menores».
«Esta decisión», apuntan las tres formaciones políticas, «no responde a una falta de voluntad de diálogo, sino a un principio básico que sustenta nuestro sistema democrático: los derechos humanos son un marco irrenunciable que guía la acción institucional y protege la dignidad de todas las personas».
«Discutir iniciativas que cuestionan derechos fundamentales», indican PSOE, CV y Podemos, «supone traspasar una línea que como representantes públicos no debemos cruzar, porque los derechos humanos se garantizan, no se cuestionan, no se negocian y no se someten a debate político».
«Estamos ante un intento de convertir en objeto de confrontación política los derechos fundamentales de menores en situación de vulnerabilidad», dicen los tres partidos políticos. «Y ante eso, no cabe equidistancia ni ambigüedad. Aceptar este tipo de debates supondría legitimar discursos que alimentan el señalamiento, la estigmatización y el rechazo, y esa línea no la vamos a cruzar».
«El centro de menores no es una cuestión ideológica», concluyen PSOE, CV y Podemos, «es una obligación legal, ética y social. Utilizarlo como herramienta de confrontación política es irresponsable y profundamente injusto. Quienes promueven este tipo de iniciativas deben asumir que no todo vale en política. Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad basada en la dignidad, la convivencia y el respeto. Defender los derechos humanos no es una opción, es un deber. Y ese deber se ejerce también poniendo límites claros a aquello que no debe ser objeto de debate».
