Como ya habíamos informado, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha anunciado que está estudiando la elaboración de una orden que regule el uso de los móviles en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de cara al próximo curso.
Esta medida nació como una recomendación en el curso 2023/2024, para pasar al año siguiente a regularse a través de una instrucción, y en estos momentos se plantean, de cara al próximo curso, elaborar una orden.
Federico de Los Ríos, Vicepresidente del sindicato independiente ANPE que representa a un buen número de docentes de Cantabria, señalaba en Castro Punto Radio que “es un problema peliagudo que no tiene soluciones sencillas. Hay que abordar una estrategia integral porque tenemos un problema en la sociedad”.
“El móvil es una herramienta y los adultos lo utilizamos incluso más que los niños”. De Los Ríos explicaba que los niños y los adolescentes tienen ejemplo, tanto en sus casas como en el resto de los ámbitos de sus vidas, “que es el contraindicado; no podemos pedirles a los menores que dejen los móviles cuando los adultos estamos invirtiendo mucho tiempo en pantallas”. De cara a las soluciones, afirmaba que hay tres aspectos: “los centros educativos, las familias y la sociedad en su conjunto. No sirve de nada implantar una medida en el colegio que, en cuanto los niños salen de él, ya no existe”.
Los dispositivos como éstos y, sobre todo tabletas y ordenadores, “se utilizan muy puntualmente en las aulas como herramientas de trabajo en un proyecto educativo. En Primaria apenas tienen móviles pero en Secundaria prácticamente todos lo tienen”.
Al hilo de este proceso, en el que hemos pasado de recomendaciones a instrucciones sin rango de ley y ahora estamos en puertas de una orden, el vicepresidente de ANPE asegura que no es suficiente recurrir a las normas de cada centro y “debe ser la consejería la que regulase el uso o no uso de los móviles en las aulas. Nosotros no somos policías. Yo no puedo requisar un dispositivo a un alumno porque, si hay algún tipo de problema, va a ser para el docente. Si es la propia consejería la que dicta las instrucciones que sean de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa, ya tenemos un cierto aval, una seguridad jurídica que nos ampare”.
De otro modo, los profesores se exponen a una denuncia. De los Ríos ha puesto como ejemplo su propia experiencia, como “en 2004, las normas de mi centro permitían requisarlo si los alumnos lo sacaban en clase, lo entregaban al tutor y se devolvían al finalizar la jornada escolar. Lo hice y a las dos de la tarde me encontré que tenía a un padre, hecho un basilisco, amenazándome con denunciarme por robo o por hurto”.
Además, especialmente en Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional hay alumnos que ya son mayores de edad o con edades muy conflictivas. El vicepresidente de ANPE finalizaba insistiendo en que “si la consejería va a tomar esa medida, se tiene que hacer con todas las consecuencias y dando cobertura legal al docente”.
