23 OCTUBRE 2015 /
Se esperaba este Auto hace unas semanas, tras la resolución del Tribunal Supremo que reabría la causa contra el magistrado castreño: Luis Acayro Sánchez será el primer juez en la historia judicial de Cantabria que sentará en el banquillo, en fecha todavía a determinar.
Recordemos que la Sala Penal del Tribunal Supremo revocaba a primeros de este mes el sobreseimiento y archivo de la causa seguida en el Tribunal Superior de justicia de Cantabria (TSJC) contra Luis Acayro Sánchez Lázaro, exjuez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, por delito de descubrimiento y revelación de secretos, al apreciar indicios de delito en la actuación del magistrado.
El Supremo estimaba los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular ejercida por el constructor Jon Loroño Trabudua, que acusaba al juez Acayro de revelar sus antecedentes penales, ya cancelados, en el trámite de unas diligencias informativas que se seguían ante el Consejo General del Poder Judicial.
En el Auto notificado hoy a las partes, contra el que no cabe recurso, la Sala de lo Civil del TSJC acuerda la apertura de Juicio Oral contra Luis Acayro Sánchez Lázaro “por los hechos objeto de acusación, en cuanto constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 198, en relación con el artículo 197.2 del Código Penal”.
Se requiere al acusado para que, en el plazo de diez días, preste una fianza de 4.000 euros para asegurar la responsabilidad civil, apercibiendo que de no presentarla, se le embargarían bienes en esa cantidad.
Se designa órgano competente para el enjuiciamiento a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, solicita que al juez Acayro se le imponga la pena de dos años y ocho meses de prisión, con las accesorias de inhabilitación para el sufragio pasivo durante el periodo de condena, también 19 meses de multa con 30 euros de cuota diaria, así como 6 años de inhabilitación absoluta, además de una indemnización a Jon Loroño de 3.000 euros.
La defensa del querellante, por su parte, solicita contra el magistrado la pena de 3 años de prisión, inhabilitación absoluta durante 8 años, y multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 40 euros, además de una indemnización a Jon Loroño de 6.000 euros, la apertura de la pieza de responsabilidad civil y la adopción de medidas cautelares para garantizar la responsabilidad civil, requiriendo al acusado para que preste fianza de 12.000 euros. También piden que se le impongan las costas judiciales.
