3 MAYO 2018 /
Los portavoces de los grupos políticos municipales han debatido hoy en Castro Punto Radio al respecto de la denuncia realizada por el PSOE sobre la contratación de empresas externas para realizar tareas, entre ellas el presupuesto, que corresponden al interventor municipal.
La concejala de CastroVerde, Elena García ha asegurado que “informar el presupuesto es tarea del interventor pero, si no lo hace pese a los requerimientos, ¿cómo debemos actuar? Vosotros conocéis la realidad del Ayuntamiento y qué funcionario hace cada cosa. Nosotros queremos presupuesto y buscaremos la manera que sea para conseguirlo”.
La socialista Susana Herrán ha destacado que “lo del presupuesto ha sido ya la gota que ha colmado el vaso porque se han hecho otros contratos para tareas que corresponden al interventor. Un técnico que dice que no lo hace, a veces argumentando que no tiene recursos, cuando no es así. Se le está consintiendo eso y está comodísimo. Entre su sueldo de 67.000 euros brutos anuales y las contrataciones externas que se hacen, superamos los 100.000 euros”, ha lamentado la socialista.
Demetrio García (MásCastro) ha echado la vista atrás y ha recordado cómo, “en la pasada legislatura, CastroVerde se hartó de criticar al Gobierno y resulta que, con los mismos medios que hay ahora, hicimos dos presupuestos. Entonces ¿quién es el que falla? En este caso, CastroVerde, y lo tenéis que reconocer”. Ha recordado también cómo el equipo de Gobierno “tuvo la oportunidad de no conceder al interventor su petición de ampliar su jubilación hasta los 70 años y no lo hizo”. Al respecto, Elena García ha señalado que “analizamos los pros y contras de hacer eso y decidimos que no era lo mejor, en base a lo que nos aconsejaron”
Para el concejal del PRC, Lucio Miguel Díaz “habrá que buscar los cauces legales que sean necesarios para que el interventor realice su trabajo, sea él o el trabajador que sea”.
En esta misma línea, Ana Urrestarazu (Partido Popular) tiene claro cómo habría que proceder. “Se le ordena hacer el presupuesto y, si no lo hace, se le abre un expediente. Lo que no se puede es explicar a la ciudadanía el gasto que hay en técnicos y que se tenga que recurrir a una empresa externa cuando, además, es el interventor el que tiene que pasar los datos a esa empresa. Ésa no es la fórmula. Lo que hay que hacer es ordenar y, cuando no se cumple, se abre un expediente y se le da la orden al segundo de abordo, el viceinterventor. Os jactáis de quitar el gasto en personal de confianza y lo gastáis en estas cosas”, ha reprochado a CastroVerde.
Al mismo tiempo, algunos partidos de la oposición han resaltado que “el equipo de Gobierno tiene la posibilidad de no firmarle al interventor el cobro de la productividad, por la que percibe 700 euros al año, y se le firma toda, pese a que no hace su trabajo”.
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Al margen de este asunto, los concejales han debatido sobre la adaptación del Ayuntamiento a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada hace cinco meses y que, al parecer, está paralizando varios departamentos municipales, que no pueden adquirir materiales, como por ejemplo, Obras.
Demetrio García ha culpa de esta situación al “equipo de Gobierno, porque los técnicos ya venían advirtiendo de la necesidad de buscar las fórmulas para adaptarse a esa Ley ya que, si no, no podremos contratar ni comprar nada, ni un saco de cemento. Hace cinco meses que sabemos que va a entrar en vigor y ha habido tiempo para tomar las medidas oportunas”.
En este mismo sentido, Lucio Miguel Díaz, ha insistido en que “siempre vamos tarde y mal. Ha habido tiempo para adaptarse al cambio y tendría que haber habido una previsión, porque el departamento de Obras, por ejemplo, puede llegar a paralizarse. No hay que ponerse en lo peor pero, poco a poco, habrá que solucionarlo y el equipo de Gobierno tendrá que hacer los deberes y ponerse las pilas”.
Para Urrestarazu, “si se está paralizando todo es porque no se han seguido las pautas que había que seguir ante una ley tan importante y sobre cuyo contenido ya deberían tener información, porque está publicada hace cinco meses. Tendrían que haberse realizado varias reuniones con todos los departamentos para estudiar los cambios y tener una previsión. Si antes sacabas contratos menores por cantidades pequeñas, igual ahora tienes que plantearte hacer las compras que tengas previstas a principio de año”. Y es que, “antes había una manera de contratar que ahora va a cambiar pero, si a los técnicos no se les dice que hay que hacer una previsión, pues nada. En este equipo de Gobierno no saben lo que es previsión”.
Herrán ha reconocido que “el de Obras puede que sea el departamento más afectado, y la compra, hasta de tornillos, se está complicando”. El PSOE sabe que “el pasado jueves hubo una reunión con todos los departamentos en la que tomaron ciertas medidas para solventar este bloqueo. Nos consta también que un paso se ha dado en el hecho de las tramitaciones, sobre todo de contratos menores, pero son temporales, porque son para cosas muy puntuales y de poco importe hasta que consigan sacar a licitación la compra de suministros u otros servicios de manera anual como marca la Ley”. Una normativa que “no permite contratar con un mismo proveedor más de 15.000 euros anuales en suministros. A CastroVerde le ha pillado el toro por falta de previsión”.
Elena García ha defendido que “es una adaptación costosa y dificultosa en la que ha tenido que ver la estructura que hay en el Ayuntamiento y las carencias en cuanto a que, por ejemplo, no hay un departamento de compras como tal. Ahora hay que planificar mejor las compras y en eso estamos”. Ha negado que se trate de falta de previsión “porque todos sabíamos que esto iba a llegar y hemos estado encima de los técnicos”. Ha informado que “ya se ha definido cómo se deben hacer los contratos menores y ya estamos firmando propuestas de gastos con el nuevo procedimiento. Poco a poco vamos saliendo adelante. Otra cosa es la redacción de pliegos de condiciones, que deben adaptarse a la nueva Ley, por lo que tenemos que rehacer los que ya estaban hechos”.
Pese a esta argumentación, los partidos de la oposición han insistido en la “falta de previsión, teniendo en cuenta además, las advertencias de la secretaria municipal al respecto de la necesidad de adaptarse a esta norma”.
Desde la oposición han destacado también que con la nueva Ley de Contratos, “a partir de ahora se complican las contrataciones pendientes de las obras que CastroVerde quería realizar y para la que se aprobó una modificación presupuestaria en septiembre de 2017”. Trabajos como la apertura del polideportivo de Sámano o del Centro de Empresas de Vallegón.
