28 MARZO 2017 /
Con los votos favorables de CastroVerde y PSOE y las abstenciones de la oposición (PP, PRC y MásCastro/AAV), el Pleno ha sacado adelante la moción conjunta del equipo de Gobierno, levantando los reparos del interventor que impedían pagar las nóminas de siete trabajadoras de la Residencia municipal y formalizar los contratos de tres de ellas.
Punto de amplio debate en el que, además de trasladar su opinión los portavoces de los diferentes grupos políticos, también lo han hecho el interventor, David Puebla y la secretaria municipal, Alicia Maza, dejando patente la disparidad de criterio entre ambos.
Comenzaba tomando la palabra el alcalde, Ángel Díaz-Munío, para explicar los motivos que habían llevado a la presentación de la moción. Tal y como ha explicado esta mañana en comparecencia de prensa, ha vuelto a insistir en que la interpretación del interventor “en cuanto a la no existencia de Ley de Presupuestos Generales del Estado, afecta a la posibilidad del Ayuntamiento de contratar personal laboral temporal”. Como consecuencia de eso, “nos era imposible afrontar dos problemas que se daban en la Residencia: el de servicio y el de reconocer los derechos de las trabajadoras afectadas”.
Ha recordado que la política por parte de CastroVerde “ha sido siempre la de ir de la mano de los técnicos municipales, pero no hemos conseguido unir esa disposición con la resolución de los problemas que ahora nos ocupan”.
Por tanto, la propuesta de resolución de la moción proponía “levantar los reparos del interventor”, avalados en un informe de la secretaria en el que hace una interpretación diferente a la de David Puebla y entiende que las contrataciones se pueden motivar en la urgente necesidad de personal en la Residencia, en que la no existencia de Ley de Presupuestos del Estado no afecta a las contrataciones, y en que existe una relación laboral entre el Ayuntamiento y las trabajadoras, desde el momento en que realizan una labor dentro de las dependencias y de los cuadrantes de la Residencia y son dadas de alta en la Seguridad Social.
Ante estas explicaciones del alcalde, los tres partidos de la oposición han coincidido a la hora de criticar la manera en la que han recibido toda la documentación por parte del equipo de Gobierno, “con un informe de la secretaria municipal que se nos ha entregado esta mañana, a las 9:30 horas, otro de la Federación Española de Municipios y Provincias del que hemos tenido conocimiento antes de comenzar el Pleno y habiendo sido conscientes de lo que pasaba en la Residencia todo este tiempo a través de los medios de comunicación”.
PP, PRC y Más Castro han defendido que “así no podemos votar esto”, al tiempo que han añadido que “en la moción se habla de levantar unos reparos cuando, en todo momento, se ha hablado de informes del interventor. En ningún documento elaborado por este técnico municipal se menciona el reparo”. Han insistido en que “el foro de debate de este tipo de asuntos era el Consejo Rector de la Residencia, que pedimos que se convocara sin haber tenido respuesta alguna”.
En concreto, el concejal regionalista, Jesús Gutiérrez, entiende que “lo que se desprende de la manera en la que esto se ha traído a pleno es el nerviosismo porque se está combinando el discurso de que nunca se iba a ir en contra de los informes técnicos, con otro que dice todo lo contrario. La popular, Ana Urrestarazu ha defendido que “no se nos puede pedir a todos que nos pintemos la cara sin saber qué es lo que estamos votando y sin conocer si existen o no reparos, porque siempre se ha hablado de informes”.
Por su parte, Demetrio García (MásCastro), ha argumentado que “no somos técnicos ni jurídicos para poder interpretar dos informes que se nos han entregado en el día de hoy”. Ha reconocido que se siente “engañado” porque “en la documentación no dice que sean reparos, sino informes” y entiende que “nos metéis a la toda la Corporación en una encrucijada que no es la nuestra”. En este punto, ha recordado que la socialista Susana Herrán “ya dijo que, si fuera por ella, este asunto hubiera estado resuelto el 28 de febrero”.
Toda la oposición ha insistido en que “queremos que se solucione la situación de estas trabajadoras”, pero han pedido las pertinentes explicaciones por parte de secretaria e interventor.
Antes de producirse esas explicaciones, Herrán ha reiterado que “lo que recoge la moción es lo que desde el PSOE llevamos demandando desde el primer día. Ahora lo dice la secretaria en su informe pero, nosotros siempre hemos defendido que los motivos para contratar estaban justificados porque se trata de prestar un servicio esencial e inaplazable”. Al mismo tiempo, ha asegurado que “cuanto menos, llama la atención que uno de los argumentos del interventor sea que no hay crédito disponible para el pago, cuando estamos a marzo y la partida dedicada a este asunto está prácticamente íntegra”.
Ha explicado, del mismo modo, que “siempre hemos dicho que no había reparos porque es verdad, pero se entiende que, con sus informes, el interventor lo que está haciendo es reparar”. Ha reconocido que “quizá la oposición tenga razón en cuanto a que se debería haber celebrado el Consejo Rector, pero urgía más cubrir las necesidades de los residentes e intentar dar solución a las trabajadoras”.
Antes de dar paso a las explicaciones de los técnicos, el alcalde ha defendido que “el debate no es si hay reparos o informes, sino si contrariamos o no la opinión del interventor. Me da igual que sea informe, opinión o reparo. La única diferencia es el trato administrativo que se le dé. Aquí se debate si pasamos por encima de la opinión del interventor, basándonos en el informe de la secretaria”.
Era entonces cuando tomaban la palabra David Puebla y Alicia Maza, dejando patente la gran diferencia de criterio entre los dos habilitados nacionales en el Ayuntamiento.
El interventor ha dejado claro que “mis informes nos son reparos porque, estos últimos, se emiten y firman. Lo que yo he hecho son informes en base a consultas que me hacen”. Ha recordado cómo “yo recibo siete propuestas de contratación y respondo que no es posible la incorporación de esas personas porque no está aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es la habilitante y que tiene un año de vigencia, finalizando, por tanto el 31 de diciembre de 2016. Se prorrogan los presupuestos automáticamente, pero no la Ley de Presupuestos y ésta es la postura que yo he mantenido desde el principio”. Con esto, se pregunta “cómo es posible que una administración pública, en ausencia de Ley, pueda hacer lo que le da la gana”. Ha añadido que los contratos de estas trabajadoras “los dejé en mi despacho e indiqué a la directora de la Residencia la razón por la que no podían ser fiscalizados. Además, ahí aparece otra duda de cómo es posible que un contrato bilateral, no firmado por ambas partes, porque no está firmado por el alcalde, tenga vigencia y valor”.
Ha seguido insistiendo Puebla en que “las contrataciones están prohibidas”. Se cursa una consulta al Ministerio de Hacienda, cuya respuesta ha leído, en parte, el interventor. “Será la futura Ley de Presupuestos del Estado la que determine las reglas de incorporación de personal”. Ha dicho que después, “figura un párrafo que tiene menor interés”, para seguir leyendo que “debe advertirse que cualquier decisión que no respete el marco legal podría incurrir en inconstitucionalidad o ilegalidad sobrevenida”.
En este punto, Susana Herrán ha animado a este técnico municipal a leer ese párrafo que ha obviado y al no querer hacerlo, la propia concejala ha procedido a ello. Dichas líneas del Ministerio de Hacienda, “aclaran que en los últimos años la contratación de personal laboral temporal se ha limitado para casos excepcionales y cubrir necesidades urgentes e inaplazables para ámbitos prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
El interventor ha continuado revelando, en ese mismo momento, que acababa de poner una nota de reparo, “ésta sí lo es”, en la que “digo que el pleno puede, legalmente hablando, levantar sólo lo referente a la insuficiencia o inadecuación del crédito. Lo demás no es competencia del Pleno”.
En el turno de la secretaria para dar sus explicaciones, ha relatado cómo “se remitieron a Intervención las siete propuestas de contratación para proceder a realizar informe de fiscalización. Desde este departamento, se paraliza la tramitación del contrato, algo que no se puede hacer con un informe, lo que lleva a entender que por la Intervención se interpreta que es una nota de reparo con efecto suspensivo. Se piden explicaciones a David Puebla de si efectivamente es un reparo y contesta que no porque se ha quitado de la nómina a las trabajadoras. Ya, pero los expedientes no siguen adelante”. El propio interventor ha reconocido que, de haber seguido adelante, hubiera habido una nota de reparo.
En cualquier caso, “la discrepancia principal entre mi opinión y la del interventor”, ha dicho la secretaria, es la que tiene que ver con la Ley de Presupuestos del Estado. Y es que, “yo entiendo que esta Ley lo que hace es limitar la facultad del Ayuntamiento de contratar, no habilitar para hacerlo. Esto lo señalo en mi informe y lo dice también la Federación Española de Municipios y Provincias en la consulta que se les ha realizado”. Y es que, “el artículo 20.2 de la Ley de Presupuestos de 2016 era la que limitaba las contrataciones pero, no está prorrogada, con lo cual actualmente, al no existir Ley, la contratación de personal laboral temporal no está limitada en los términos que establecía aquel artículo”.
Tras estas intervenciones, las dudas de la oposición se han mantenido, defendiendo la necesidad de convocar un Consejo Rector en el que poder tener buena información de todo esto para consensuar una postura que llevar, incluso, a un Pleno extraordinario. Entienden que “no es justo” que se les ponga en la tesitura de tener que votar un asunto que afecta a la Residencia y sus trabajadoras, sin haber podido estudiar la documentación. Se ha llegado a escuchar, en la bancada popular y en un momento de barullo, la palabra “chantaje”. La edil del PP, Ana Urrestarazu se ha preguntado cómo es posible que “si no era un reparo lo que dicho el interventor, sino un informe, ¿por qué no se pagaron esas nóminas en febrero? Ahora venís aquí a que nos pintemos todos la cara cuando no habéis informado de nada. De hecho, hoy nos enteramos de que hay un informe, de febrero, del interventor avisando a la directora de la Residencia de que no se pueden hacer esas contrataciones”.
En esta misma línea, Gutiérrez ha insistido en que “no podemos tomar una decisión responsable sobre este asunto, en horas”. Ha defendido que “si ustedes han trabajado durante un mes, con los técnicos y con diferente estamentos, nosotros no podemos posicionarnos en base a una documentación que apenas hemos tenido tiempo a revisar”.
Demetrio García ha calificado “el problema que nos traéis”, de “risa”, porque “es algo que podríais haber resuelto hace un mes porque estaba en manos del alcalde haber pagado y no quiso. Respetó lo que dijo el interventor entonces, y ahora ya no”.
Destacar también que en alusión al comentario de que Susana Herrán hubiera firmado el pago en febrero, el alcalde ha dicho que “seguramente entiende la manera de gobernar diferente a mí. Yo, desde el primer día, e intentado que este asunto se resolviera, no poniendo mi autoridad impropia encima de la mesa, sino buscando las repercusiones que mis decisiones pudieran tener en este problema y en el Gobierno del Ayuntamiento en toda la legislatura. Por eso me he esforzado en ser prudente y ver si podíamos resolver el tema de otra forma. Hay quién piensa que el alcalde está aquí para poner el dedo donde tenga que ponerlo y se acabó. Yo lo que tengo que hacer es escuchar a todo el mundo. Hace un mes no teníamos el informe que tuvimos ayer de la secretaria, ni sabía si era yo el que tenía que levantar los reparos”.
A esto, Herrán ha respondido que “entiendo que usted tenga su postura y respete a los funcionarios, nosotros también lo hacemos. Usted prefiere ser prudente en este caso, y yo prefiero ser imprudente”.
Lo que se ha votado finalmente, y ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno, es el levantamiento de los reparos del interventor, incluido el que el propio David Puebla ha hecho público durante la sesión plenaria. Con todo, las trabajadoras de la Residencia serán pagadas y contratadas.
PAGO A CENAVI
El Pleno de esta tarde, comenzaba con diez minutos de retraso, ante la ausencia del interventor. Justo en el momento en que el alcalde estaba anunciando un receso hasta la llegada de este técnico, el mismo aparecía. El alcalde le ha animado a pedir disculpas, a lo que David puebla ha respondido que no. Ha sido cuando Díaz-Munío le ha dicho que “es una falta de consideración a todos los que llevamos un cuarto de hora esperando”, cuando el interventor ha afirmado que, “si así se considera, me disculpo”.
Se debatía entonces el punto que tenía que ver con la modificación presupuestaria de crédito extraordinario, por importe de 706.123 euros, para proceder al pago a la empresa Cenavi, de la sentencia judicial por las obras que llevo a cabo en su día en el Castillo Faro. Un dinero que se extraerá del remanente positivo de Tesorería del año 2015. El equipo de Gobierno, PRC y MásCastro han votado a favor, y el PP se ha abstenido. No obstante, todos los partidos han coincidido en que hay una sentencia que hay que pagar y están conformes con la fórmula que se ha decidido.
ORDENANZAS MUNICIPALES
Por unanimidad, salían adelante las tres Ordenanzas a debate hoy en el Pleno. Todos los partidos ven con buenos ojos las aprobaciones iniciales de la Ordenanza de subvenciones a proyectos culturales y la que regula las prestaciones económicas de emergencia social. Se trata de repartos dinerarios que se regulaban a través de unas bases, pero que ahora se recogen en una ordenanza para darle mayor transparencia, seguridad jurídica y mayor recorrido en el tiempo.
La aprobación definitiva de la Ordenanza que va a regular el uso de lonjas como espacios de ocio, también se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos. No obstante, los populares han mostrado cierta discrepancia con el servicio que se va a contratar por parte del Ayuntamiento para mediar entre las partes implicadas (usuarios de lonjas, propietarios y vecinos), y cuyo coste se estima en unos 45.000 euros.
El concejal socialista, José Sámano ha explicado que “es un coste estimado que, seguramente, una vez saquemos los pliegos de condiciones para contratar, el importe sea bastante menor”.
Por unanimidad se ha aprobado hacer un reconocimiento a Antonia Josefa Benito Urquijo (Toñita), fundadora de Stella Maris. También una bonificación del 95% de la Tasa Urbanística a la Comunidad de Propietarios de Ardigales número 12 para realizar unas obras derivadas del Informe de Evaluación de Edificios.
En la sesión plenaria han estado presentes algunas trabajadoras de la Residencia y un representante sindical del Ayuntamiento solicitando, en una pancarta, la dimisión del concejal de Personal, Ignacio Garmendia.
En el siguiente enlace, ofrecemos el sonido íntegro y en calidad digital del Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales:
