20 SEPTIEMBRE 2017 /
El exalcalde de Castro Urdiales y concejal de Urbanismo desde 2003 hasta 2011, Fernando Muguruza, ha negado que el instrumento urbanístico que desarrolló la zona de Santa Catalina contemplara menos espacio para equipamientos públicos que el previsto en el Plan General de 1996, como sostienen el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro, y la fiscal del caso Santa Catalina. “Lo niego. Le aseguro que todo está ahí físicamente”, ha contestado Muguruza a la fiscal y a su abogado.
El exalcalde ha declarado en la segunda jornada del juicio, que ha comenzado este martes en el Juzgado de lo Penal nº3 de Santander, si bien las sesiones se están celebrando en el salón de actos de Las Salesas dado el volumen de acusados, 19 en total entre concejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2008.
Según el juez instructor y la fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, como consecuencia de la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, que calculan pudo suponer un menoscabo patrimonial para el Consistorio de 2,4 millones de euros.
Están acusados de prevaricación los miembros de las Corporaciones que aprobaron la modificación del PGOU para legalizar el vial en marzo de 2003 y los instrumentos de gestión y ejecución -estudio de detalle de la unidad de actuación 1.34 y proyecto de reparcelación y urbanización-, así como la concesión de licencias.
Varios de los acusados han declarado que en marzo de 2003 no se aprobó la modificación puntual del PGOU sino un requerimiento a la Comisión de Urbanismo para que reconsiderara su informe desfavorable a la modificación. También han defendido que la necesidad de ese vial, la calle Poeta José Hierro, era un “clamor” entre los vecinos de la zona para poder acceder a sus viviendas sin tener que ir hasta el túnel de Ocharan y para dar servicio a los usuarios del pabellón Pachi Torre.
Sin embargo, la fiscal ha expuesto que los instrumentos urbanísticos se aprobaron con informes desfavorables de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), en los que según ha dicho se cuestionó que el vial respondiera al interés general. De hecho, el Ministerio Público y el juez instructor consideran que se hizo en beneficio de los promotores, que así verían revalorizado su terreno.
El exconcejal de Urbanismo en la legislatura 1999-2003, Joaquín Antuñano, ha explicado que cuando llegó a la Concejalía en 1999 ya se encontró con el vial hecho, y que el Ayuntamiento no gastó en él “un euro”, ya que lo construyó una promotora para poder ejecutar sus tres bloques de viviendas.
Antuñano ha asegurado que “nunca ha recibido dinero de los promotores”, que se lo preguntó el juez Acayro durante la instrucción, y que “no le consta” tampoco ni por parte del alcalde Díaz Helguera ni de otros miembros de su equipo de Gobierno.
SIN CONOCIMIENTOS URBANÍSTICOS
La mayoría de los exconcejales han alegado desconocimiento en materia urbanística, incluido el propio Muguruza, quien ha explicado que precisamente su “total limitación” en ese ámbito fue lo que le hizo proponer la creación de la figura del gerente de Urbanismo.
El exalcalde por el PRC ha señalado que al llegar al Ayuntamiento en 2003, “nadie le hizo traspaso de poderes ni le puso al día”, que delegó todas sus competencias en la Junta de Gobierno, incluidas las de Urbanismo, y que después “por agilidad” asumió la aprobación de expedientes que llegaran con informes favorables.
En todo caso, ha argumentado que la tramitación urbanística es “una dinámica absolutamente reglada y automática” en la que los políticos “intervenimos muy poco”. En esa misma línea, el que fuera su primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, han señalado que los asuntos se aprobaban cuando llegaban con todos los informes favorables, y si en alguno había dudas, “se dejaba sobre la mesa”.
Además de los citados, también están acusados los exconcejales Salvador Hierro, que se ha acogido a su derecho a no declarar; Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales.
INSTRUCCIÓN
El juez instructor señaló en el auto de apertura de juicio oral en septiembre del año 2011, que existían hasta cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo advirtiendo de ilegalidades, que han sido “conocidos, criticados y finalmente omitidos” por parte de los entonces concejales, que votaron en el Pleno “sabiendo perfectamente lo que se votaba”.
En este sentido, el magistrado afirmaba que aunque los acusados han aducido “confusiones, malas informaciones o defectos de información por parte de los servicios técnicos”, basta leer las actas de los Plenos para apreciar que la cuestión de la legalidad urbanística “se habló y mucho en los Plenos y no sólo por los que votaron en contra”.
Asimismo, señaló que la “disciplina de voto” alegada “carece de eficacia en el ámbito penal”, porque “quien vota en un consistorio, es responsable de lo que vota, le beneficie a él o no, pues en un ayuntamiento quien debe beneficiarse es el municipio y sus habitantes, no sus concejales”.
El juicio continuará los días 25 y 27 con la declaración de testigos y el 28 y 29 de septiembre serán las conclusiones.
