16 MARZO 2018 /
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha impuesto a los ganaderos una nueva normativa que obliga a inyectar los purines y enterrar el estiércol sólido, una batería de medidas forzadas desde Bruselas para favorecer la guerra contra el cambio climático.
Las autonomías del norte, incluida Cantabria, han hecho valer su poder negociador para favorecer una transición progresiva. De hecho, la Consejería de Medio Rural estima que en 2018 sólo un 1% de las explotaciones se verán afectadas por estas nuevas restricciones medioambientales.
Desde el Gobierno de Cantabria aseguran que las explotaciones se podrán ir adaptando a la nueva normativa “de manera gradual y no traumática”.
Al respecto de este asunto hemos habado en Castro Punto Radio con un ganadero castreño, Santiago Berriolópez. Ha defendido que “es totalmente inviable, desde el punto de vista de un ganadero, poder hacer frente al desembolso que supone la adaptación a esa normativa”, que establece que “las heces hay que cargarlas en un vehículo cisterna que, a través de una mecanización a base de tubos, va inyectando el estiércol directamente en la tierra. Ese vehículo ya cuesta 200.000 euros”.
Una cantidad “inviable para un ganadero”. Por eso Berriolópez cree que “lo que se pretende con esta nueva medida es privatizar el sector de la recogida de las heces. No hay ganadero en la región que pueda hacer frente al coste de esa máquina simplemente para vaciar su propio estercolero. Nos vamos a tener que ver todos abocados a ponernos en manos de una empresa que venga cada cierto tiempo a limpiar, con un coste periódico que no vamos a poder pagar”
Berriolópez no entiende la justificación medioambiental que se le da a esta normativa cuando “ese estiércol, desde tiempo inmemoriales, ha servido de abono para las huertas, por ejemplo. No acabo de entender qué contaminación pueden generar esas heces cuando estamos viendo que son producidas por una alimentación natural de un animal”.
