5 OCTUBRE 2018 /
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se aprobará antes de final de año y las comunidades autónomas están trabajando en aquellos aspectos que, en base a este plan, incluirán en sus respectivas regionales.
En el caso de Cantabria, está en proceso de finalización y aprobación un decreto que va a regular el procedimiento, requisitos y cuantías de las ayudas que se van a contemplar.
Entre otras cosas, con el fin de favorecer el alquiler de las viviendas vacías en la región, el Ejecutivo regional va a garantizar el cobro de la renta a los propietarios. En declaraciones a Castro Punto Radio, el director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco, ha detallado que “todos esos miedos que existen entre los propietarios al respecto de no cobrar la mensualidad y tener que acabar pleiteando judicialmente, están cubiertos en el mercado por una serie de seguros”. Lo que plantea el Gobierno es “subvencionar con el 100% el pago de esos seguros durante cinco años para que los arrendadores estén más tranquilos”.
Esto, “unido a otra medida como es la desgravación fiscal a las personas físicas que pongan una vivienda en alquiler”. El objetivo es “poder poner más pisos en el mercado porque, ahora mismo hay más demanda que oferta y eso provoca que suba el precio del alquiler”.
Para poder disfrutar de estas ayudas, “la vivienda deberá llevar vacía al menos seis meses, estar en perfecto estado de habitabilidad, con un contrato de arrendamiento sujeto a la Ley su propietario deber ser una persona física”. Además, “no se subvencionarán aquellas casas que se destinen a temporada o vacaciones, sino como vivienda permanente”.
Con respecto a las ayudas al alquiler, Gómez ha explicado la principal novedad, que supone que “va a dejar de ser universal y nos vamos a centrar en ayudar a los colectivos más necesitados”. Habrá, además, “una línea específica para familias que pierden su vivienda debido a una ejecución hipotecaria. Si la subvención normal es del 40% del alquiler, en estos casos será del 80%”.
Por último, Gómez ha hablado de las ayudas a la rehabilitación de edificios, que se van a incrementar del 30% actual del coste de la obra al 40%. “Habrá colectivos especiales, como mayores de 65 años o familias con pocos recursos, que reciban hasta el 75%”.
Se modifica también otro asunto que, “en el caso de Castro había generado bastantes denegaciones”. Se trata de la obligación que había de que el 70% de las familias que residían en el edificio estuvieran empadronadas en el municipio en cuestión. Ese porcentaje se reduce hasta el 50%.
